La comisión especial de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) formada para calificar la elección presidencial emitió tres acuerdos de cara a las últimas acciones para finiquitar el juicio de inconformidad del Movimiento Progresista. Se instó a la Unidad de Fiscalización, a la Comisión de Quejas y Denuncias y a la secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) a remitir toda la información sobre los procedimientos más recientes relacionados con los comicios presidenciales.

De igual forma, en otro oficio dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), fijó un plazo de 48 horas a partir de la notificación para que informe a esta comisión instructora en cuántas y cuáles averiguaciones previas vinculadas con la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, llevada a cabo en el procedimiento electoral federal 2011-2012, se ha ejercido acción penal hasta el momento en que cumpla lo solicitado.

Emitió un nuevo acuerdo relacionado con la entrega de 79 mil 378 firmas que como prueba superveniente presentó el Movimiento Progresista relacionadas con la distribución de las tarjetas Monex por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El requerimiento es para que el citado movimiento estipule a la comisión de magistrados el carácter jurídico procesal con el que comparecen los firmantes, debiendo precisar la vinculación que guarda tal comparecencia con el juicio de inconformidad al rubro identificado.

Precisa que el artículo 12 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación define quiénes pueden ser parte de los juicios y recursos electorales, ya sea como actor, tercero interesado, coadyuvante o bien como autoridad o partido político responsable. La comisión recuerda a la representación del Movimiento Progresista que las firmas fueron recopiladas entre los días 29 de julio y 5 de agosto, mismas que provenían de 15 estados, aunque principalmente de Tabasco, Veracruz y Puebla.

En cuanto a los requerimientos a la Unidad de Fiscalización y Comisión de Quejas y Denuncias, así como al secretario ejecutivo del IFE, se fijó un plazo para que notifique cuáles quejas y/o procedimientos sancionadores y en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, vinculados con la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos que ha motivado el juicio en que se actúa han emitido la resolución respectiva, debiendo remitir, inmediatamente, a esta comisión instructora, copia certificada de tal resolución.

Se calcula que una vez vencido el plazo máximo otorgado a las autoridades requeridas –48 horas– se proceda al cierre de instrucción, de cara a resolver el juicio de inconformidad contra la validez de la elección presidencial promovido por el Movimiento Progresista a más tardar el próximo viernes en sesión de la sala superior del TEPJF.