La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, afirmó ayer que no existe ninguna persecución por parte de la PGR a juez alguno, pero aseveró que la dependencia a su cargo seguirá respetando las instancias legales y los procesos que la ley prevé en asuntos que estén relacionados con la actuación de los impartidores de justicia.

En respuesta a las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, quien sostuvo que el Poder Judicial Federal no vacilará en defender a cualquier juez que sea indebidamente perseguido o presionado, Morales Ibáñez afirmó en entrevista que cuando la PGR ha actuado en contra de impartidores de justicia se ha actuado poniendo a consideración los hechos y las pruebas.

Asimismo, reveló que un tribunal unitario concedió orden de cateo para revisar las propiedades del juez Efraín Cázares López, quien es investigado por haber dejado en libertad a los alcaldes involucrados en el llamado michoacanazo.

Sin embargo, fuentes judiciales precisaron que los jueces que inicialmente habían negado las órdenes de cateo, las cuales concedió posteriormente el tribunal unitario, lo hicieron porque las solicitudes que presentó la PGR estaban mal integradas.

Cuando el Ministerio Público federal integró adecuadamente su petición para justificar su acción en contra del juez Cázares –quien se encuentra suspendido y es investigado por faltas administrativas por el Consejo de la Judicatura Federal–, fue que el magistrado unitario concedió las órdenes de cateo. Los informantes rechazaron que hubiera alguna otra razón de fondo por la cual los jueces de distrito que conocieron primero las peticiones las hayan negado.

Un día después de que Silva Meza declaró que desde la Judicatura Federal –órgano encargado de vigilar la disciplina de los juzgadores– denunciaremos y combatiremos por la vía de la razón y del derecho cualquier pretensión que intente vulnerar la independencia y la autonomía de los jugadores de la Federación, sobre todo cuando se haga sin alguna base y sin ningún sustento, la procuradora sostuvo que las impugnaciones al trabajo de los magistrados son resueltas en definitiva por los propios tribunales federales.

Dijo que se trata de dos asuntos en los que fueron negadas las órdenes de cateo, pero que fue un magistrado unitario el que las concedió con base en que había elementos para ello. Nosotros procuramos justicia y los órganos jurisdiccionales la imparten; ese es el respeto de cada uno de los ámbitos que tenemos.