En el país hay 8 mil 530 indígenas presos, 7 mil 715 por delitos del fuero común y 815 del fuero federal, quienes suelen ser víctimas de abusos, como violaciones al debido proceso, falta de intérpretes, carencia de defensores públicos especializados y conocedores en materia indígena, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mediante un comunicado, el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva especificó que las entidades federativas que concentran 75 por ciento de la población penitenciaria en este sector son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y el estado de México.

De acuerdo con la CNDH, se ha detectado gran número de casos en los que a los indígenas se les niega el derecho de contar con un traductor, desde su comparecencia ante el Ministerio Público y durante el proceso en los diferentes juzgados.

Por tal motivo, muchos de ellos desconocen la información relacionada con los asuntos en los que están involucrados e ignoran los derechos que les asisten cuando enfrentan un proceso penal.

De enero a julio de 2012, el ombudsman presentó mil 729 solicitudes para el otorgamiento de este beneficio. Como resultado, 128 indígenas –124 hombres y cuatro mujeres– obtuvieron su libertad.