Oaxaca, Oax., 21 de agosto. El gobernador Gabino Cué presentó al Congreso estatal una iniciativa de ley para crear una comisión de la verdad que investigue las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra el movimiento magisterial y social encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) entre 2006 y 2007, durante la administración del priísta Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010).

Según la exposición de motivos, Oaxaca vivió en esos años uno de los periodos más complejos desde el punto de vista sociopolítico, pues se tomaron decisiones de gobierno que derivaron en un autoritarismo represivo que lesionó al tejido social profundamente.

Asimismo, acota que las consecuencias de aquellos hechos en los ámbitos social, material y moral no han sido valoradas en su justa dimensión, pues no hay información suficiente.

De acuerdo con el proyecto de ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizaron investigaciones y determinaron que servidores públicos estatales violaron las garantías individuales, por lo cual se emitieron la recomendación 15/2007 y el informe de investigación 1/2007.

Cué impulsó el plan integral de reparación de daños ocasionados a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en cumplimiento de la recomendación 15/2007 de la CNDH y del informe de investigación 1/2007 de la SCJN, como se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de junio de 2012.

La administración estatal creó el 21 de marzo de 2011 la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social para garantizar la procuración de justicia a las víctimas.

De acuerdo con la iniciativa, la sociedad oaxaqueña exige conocer la verdad, por lo que es necesario fundar un órgano independiente, imparcial y autónomo para acopiar, documentar e investigar sucesos de naturaleza social, política y jurídica desde una perspectiva sociológica, a fin de contribuir con las autoridades en la investigación de violaciones a los derechos humanos, la probable comisión de delitos, incluso de lesa humanidad, contra personas vinculadas o ajenas al movimiento social.

Según la iniciativa, la comisión de la verdad gozará de autonomía plena y legitimidad suficiente para allegarse información a fin de aclarar lo sucedido y contribuir a la paz y la reconciliación.

El organismo deberá rendir informes al Congreso local, los cuales se harán públicos y se remitirán a las instancias de procuración e impartición de justicia, lo mismo que a organismos protectores de los derechos humanos, a efecto de que no queden impunes los atropellos.