El Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) ordenó a ProMéxico entregar copia del contrato de adhesión y de la ficha de liberación del apoyo donde constan los recursos públicos destinados a la producción de la película Cristiada, entre otros datos relevantes.

Aunque esa institución había reservado la información por seis años, el Ifai le indicó que la ley de transparencia mandata dar a conocer en qué se gastan los recursos del erario.

ProMéxico informó al Ifai que aportó un total de 7.6 millones de pesos, a través del Fondo pro audiovisual, pues el productor de Cristiada cumplió con los requisitos establecidos para ser beneficiado por ese fondo. Sin embargo, indicó que toda la información relacionada con el expediente del proyecto cinematográfico estaba reservada por tratarse de un secreto industrial.

Confidencialidad

Esa entidad precisó que dentro de la información reservada se encuentra el convenio de adhesión que ProMéxico firmó con el productor de la película, donde se estableció una cláusula de confidencialidad por la cual las partes se reservaron la facultad de hacer pública la información que reciban entre sí.

En alegatos ante el Ifai, ProMéxico reiteró su respuesta al señalar que la documentación del expediente, con la cual se acredita la asignación de los recursos y el procedimiento que se utilizó para otorgarlos, se encuentra clasificada como reservada.

Después de analizar la normatividad aplicable, la comisionada María Elena Pérez Jaén observó que los recursos públicos con los que se apoyó a la película Cristiada se otorgaron atendiendo los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a proyectos de la industria cinematográfica y audiovisual.

Asimismo observó que la difusión de la información requerida no representa ventaja competitiva frente a terceros de la persona física o moral beneficiada, porque no se trata de información industrial o comercial, ni se refiere a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos.

Consideró que al tratarse de información sobre erogación de recursos públicos, tiene carácter público, por lo que ProMéxico debe difundir todo documento que dé cuenta de los montos y de las personas físicas o morales a las que les fueron entregados.