Santiago, 4 de agosto. Los archivos secretos de la dictadura de Augusto Pinochet muestran cómo los militares planearon el retorno a la democracia en un marco que les permitiera preservar un principio de autoridad sobre los civiles en Chile.

Ante la posibilidad de reformar la Constitución de 1980, la armada envió a la junta militar un informe confidencial el 13 de enero de 1989, menos de un año antes del plebiscito que puso fuera a Pinochet.

En el documento obtenido por la agencia alemana de prensa Dpa, la naval advirtió que una actitud intransigente del Ejecutivo podría desembocar en la proposición de un texto sustitutivo.

El reporte, firmado por el capitán de navío Rodolfo Camacho, propuso aceptar reformas a la Carta Magna sugeridas por la oposición de centroizquierda.

A cambio ofreció que la Constitución promulgada por Pinochet mantuviera su sustancia y permaneciera en el tiempo, como sucede hasta hoy día.

La ley constitucional de 1980, que concedió privilegios políticos especiales a los militares, se extendió hasta el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006).

Ejemplo de sus canonjías supervivientes fue el derecho de los comandantes en jefe de los cuerpos castrenses a no ser apartados de sus cargos por los jefes del Ejecutivo. Los uniformados podían nombrar a cuatro senadores, de un total de 37. Pinochet fue senador vitalicio, facultado constitucionalmente por haber ocupado el cargo de presidente.

El análisis fue enviado también a la cancillería por el contralmirante Juan Toledo; contiene un cuerpo central y anexos sobre acción socioeconómica, acción política y subversiva y acción religiosa y educacional.

Transcurridos 100 días de la derrota de Pinochet en el plebiscito, que buscaba ampliar ocho años su gobierno, los uniformados tenían temor a una salida rupturista liderada por la izquierda y el socialcristiano Luis Maira, finalmente derrotado en los comicios legislativos simultáneos del 11 de diciembre de 1989.

Los marinos pensaban que la posibilidad de lograr la continuidad de una sociedad libre dependía de la aparición de un candidato fuerte en la centroderecha y observaban positivamente la opción de Sergio Diez, de Renovación Nacional, partido del actual presidente Sebastián Piñera.

El conservador ex ministro de Hacienda Hernán Buchi, candidato del régimen finalmente, fue observado con recelo por la armada, a causa de su perfil técnico y su lejanía con los partidos de derecha.

El informe de la marina, de 42 páginas, valora además las acciones del nuncio de la época, el purpurado Ángelo Sodano, dirigidas a restar poder a los sectores progresistas de la Iglesia católica, liderados por el cardenal Raúl Silva Henríquez.

El Vaticano ha centrado su esfuerzo en la reorientación de las comunidades eclesiales de base y la redefinición del papel de la conferencia episcopal hacia un rol evangélico, se lee en el escrito.

La Iglesia católica, que encabezó la defensa de los derechos humanos durante la dictadura mediante la Vicaría de la Solidaridad, fue encabezada luego por clérigos conservadores no vinculados con una oposición activa a Pinochet.

Al final de la dictadura también preocupaba a los militares el futuro de los grupos armados opositores a la dictadura, en especial el del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), dependiente del Partido Comunista.

El capitán Camacho la carta confidencial número 34, en la cual se informa sobre la presencia de un infiltrado en la organización guerrillera. El FPMR intentaría, en un hipotético corto plazo, estructurar una amplia base de combate, anticiparon los marinos en la misiva.

Finalmente, el FPMR es descabezado y sus hombres reconocen la infiltración de los militares en su comandancia.

El informe descarta una crisis de gobernabilidad en el lapso previo a la entrega del poder, el 11 de marzo de 1990. Los marinos observaron con preocupación las dificultades del demócrata cristiano Patricio Aylwin para erigirse como candidato único de la oposición, tal como ocurrió.