a reforma Calderón al Issste de 2007 resultó más cara que la Ley 1983 que abrogó. Es incapaz de mejorar servicios y al no generar empleo, en el apartado B del artículo 123 constitucional, tampoco integra el número de trabajadores que se requerirán para financiar las prestaciones que ofrece otorgar.

La precipitación de Calderón para imponerla –buscando achicar su déficit de legitimidad por la elección de 2006– se tradujo en una costosa corrida pensionaria. Durante 2011 las pensiones en curso de pago (a cargo de Hacienda) sumaron casi 95 mil millones de pesos, superando 66 por ciento el presupuesto estimado anual. Según el consultor Marco Cancino, el incremento es alarmante y su crecimiento no se detendrá: casi 44 por ciento de los pensionistas tienen 65 años o más y 20 por ciento entre 60 y 64.

¿Intentará nuevamente el ministro Sergio Valls desde la SCJN (¿asesorado por José Antonio González Anaya, subsecretario de Hacienda?) dictar otra jurisprudencia –como la que trató infructuosamente de imponer a los trabajadores asegurados por el IMSS (Jurisprudencia 85-2010, 9 de junio 2010)– para, en este caso, reducir el impacto de la corrida pensionaria originada por Calderón?

Además, la reforma fue opacamente administrada por Miguel Ángel Yunes y Jesús Villalobos. Como reforma fracasó, pero también sus turbias administraciones. En este marco, Sergio Hidalgo Monroy, el tercer director calderonista, se limita penosamente a reiterar la obligación de buscar mecanismos para hacer más eficiente el gasto.

Calderón nunca buscó mejorar la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Ahora, los servicios y el asunto público están peor que antes. Como la ley dispone de más contribuciones y recursos extraordinarios, pero menos carga pensionaria, los servicios deberían ir al alza. Pero esas mejoras no se legislan. Acontecen cotidianamente en clínicas y hospitales.

Sobre el seguro de salud campean quejas por la calidad de la atención, sobredemanda y desabasto. Sólo tres años después, ese seguro de salud de la nueva ley ya arrastra tal déficit que, según el Informe Financiero y Actuarial 2010 (IFA-10), sus recursos serán insuficientes para cubrir los gastos en el mediano y largo plazos en cada una de sus vertientes.

El IFA-10 responsabiliza del déficit a los 600 mil trabajadores –con edad promedio de 64 años– que se jubilaron antes de la reforma y cuyos tratamientos crónicos son muy costosos. Este pasivo heredado, sostiene, impactó al seguro de salud y se prevé que siga operando con déficit hasta la extinción del grupo, ¡lo que ocurrirá en 2070!

Como si los jubilados no hubieran cotizado justamente para recibir debidamente esa atención y como si la tecnocracia de Calderón que diseñó la reforma no hubiera previsto esta anomalía hasta tres años después de la imposición de la reforma.

Igualmente grave es el incoherente crecimiento de la infraestructura que sobrepobló la oferta del centro del país, descuidando el norte y sureste. Como Prevenimss, Prevenissste tampoco ha sido precisamente un triunfo: sobrecarga el primer nivel, asume la fantástica cobertura universal, promueve el evangelio del autocuidado de la salud pero es incapaz de atajar los determinantes efectivos de los riesgos a la salud.

En los servicios sociales se encarecieron los funerarios, Turissste carece de proyección estratégica para su destinatario principal: la tercera edad, mientras las subrogaciones de estancias de sesarrollo y bienestar infantil prosiguen en entidades federativas.

El éxito de la bursatilización de la cartera de Fovissste contrasta abismalmente con la calidad de la vivienda edificada, mientras en los servicios culturales hay todo que hacer, particularmente con jubilados y pensionados siguiendo el artículo cuarto de la nueva ley.

Al decir del apocalíptico analista Pedro Vázquez Colmenares, director de prestaciones económicas del Issste, los pasivos nacionales por pensiones equivalen a 104 por ciento del PIB, mientras el rector Narro agrega la falta de acción del gobierno ante la bomba de tiempo de las jubilaciones.

Según el IFA 2012, al cierre de 2011 laboraban en el Issste casi 96 mil trabajadores con edades promedio de 45 años, antigüedad media de 14 años y un sueldo promedio mensual integrado de 16 mil pesos. La nómina anual suma 18 mil 854 millones de pesos. Por su parte, el pasivo laboral del Issste en su calidad de patrón suma 5 mil 466 millones de pesos, es decir: 3.62 por ciento de la nómina.

El Sntissste cuenta con 75 mil afiliados, 48 secciones sindicales y 25 comisiones nacionales mixtas. El 7 de junio de 2012 firmó sus nuevas condiciones generales de trabajo (CGT), cuya última revisión aconteció en el remoto 2005. En el año 2009 había divulgado su Plan Estratégico 2009-2013.

Después de pronunciarse contra la reforma laboral impulsada por el PRI y aclarar que los trabajadores del Issste no somos responsables del desabasto de medicamentos, materiales de curación e insumos (La Jornada, 11/11/11), ¿cuál será la posición del Sntissste frente al minicombo de Peña-Levy que ofrece cuatro derechos exigibles: acceso real a la salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y seguro de invalidez a cambio de elevar impuestos (IVA) y reducir prestaciones?

Manlio Fabio Beltrones (Reforma, 30/7/12) ya obsequió irrestricto aval a una reforma que aún no prueba cómo contribuirá al crecimiento económico, mientras Federico Reyes Heroles (Reforma, 12/6/12) estima que los afectados centrales serían los sindicatos del IMSS, Issste, estatales, Pemex, entre otros.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco