A diferencia de los comicios presidenciales, donde los juicios de inconformidad tienen como uno de los ejes principales la compra y coacción del voto, en los recursos vinculados a las elecciones de diputados ésta es una causal marginal. Por lo general, sostiene el presidente de la sala Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Roberto Martínez Espinosa, las inconformidades se centran en los cómputos.

Un día antes de que las cinco salas regionales del TEPJF concluyan en primera instancia los juicios relacionados con la renovación del Congreso, el magistrado Martínez subraya que sólo hay una denuncia de compra y coacción del voto en la elección de senadores en Puebla de forma tangencial y en un caso en la de diputados, impugnada en la sala regional del Distrito Federal.

Sin la atención mediática que generan los juicios relacionados con la elección presidencial, en los comicios de diputados está en juego, de acuerdo con las proyecciones, la mayoría simple en San Lázaro.

En entrevista con La Jornada, Martínez Espinosa señala que una de las particularidades que tienen los 20 juicios presentados en la sala regional del Distrito Federal son los estrechos márgenes de diferencia de votos.

Pareciera que 20 juicios de inconformidad son pocos ante los 7 mil recursos que la sala regional desahogó desde que empezó el proceso, pero en realidad no es sólo uno, sino que cada casilla impugnada es un juicio aparte y, a su vez, cada causal es otro. En Puebla, explica, PRD y PT recurrieron más de 3 mil casillas en la elección de senadores, con lo que ello implica.

En el distrito 15 del Distrito Federal la diferencia es de 600 votos entre PAN y Movimiento Progresista, situación que hace más compleja la resolución de los magistrados porque una irregularidad que en una elección con márgenes amplios de ventaja pudiera ser irrelevante, en comicios competidos puede ser fundamental. En ocasiones, sólo por el margen estrecho los partidos se quejan por estrategia, pero ese factor no incide, asegura, en la resolución, pues se atienden las causales esgrimidas.

A pregunta expresa, Martínez asegura que si bien la elección presidencial tiene altos niveles de politización por el interés que genera en la sociedad, los recursos en la elección de senadores o diputados también tienen una dosis de politización, aunque sólo en el distrito o la entidad. No obstante, niega que los partidos hayan ejercido presiones indebidas o amenazas, pues los acercamientos que se han tenido con los representantes partidistas se han realizado en buenos términos.

Martínez Espinosa admite la dificultad que tienen los jueces para resolver, pues en un juicio necesariamente alguien saldrá satisfecho y la contraparte en desacuerdo con la resolución. Es el dilema de todos los juzgadores.

El magistrado explica: en un juicio un partido puede demandar la aplicación de la ley en un sentido, y en otro pedir exactamente lo contrario, pero el tribunal debe valorar las pruebas con independencia de los actores y aplicar los criterios puntualmente.

Martínez destaca que en los juicios que deben desahogar no sólo se debe determinar en primera instancia si las irregularidades se cometieron, si la causal argumentada efectivamente tuvo lugar y, en su caso, resolver si esa irregularidad fue determinante para la elección. Este último criterio se hace más complejo en elecciones de estrecho margen y cita casos anteriores en que la diferencia ha llegado a ser de hasta un voto.

En cualquier caso, subraya el magistrado, el TEPJF actúa de acuerdo con los principios legales que lo rigen (imparcialidad, objetividad, legalidad, transparencia), asumiendo que su actuación está sujeta a juicio, no sólo social, sino a un juicio de responsabilidades cuando se aparte de la aplicación puntual de la ley.