La Procuraduría General de la República (PGR) debe buscar información sobre la denuncia interpuesta por un ciudadano en 1997 en contra de varios entonces funcionarios públicos de Tamaulipas por presuntas actividades relacionadas con el tráfico de drogas y armas. De localizarla, debe entregar la versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, así como del estado que guarda la averiguación previa y la oficina o delegación en la que actualmente radica la misma. Así lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), con lo cual revocó la respuesta de inexistencia de la información que inicialmente declaró la PGR. Según resolución a cargo de la comisionada ponente María Elena Pérez-Jaén, la denuncia fue dirigida al entonces director general del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Salud. Además, el ciudadano que se quejó ante el Ifai aportó documentos de los cuales se desprende que el denunciante ratificó su declaración ante el cónsul alterno del Consulado General de México, y el agregado legal de la PGR en San Antonio, Texas, en abril de 1999.