No obstante los cientos de trabajadores muertos en los años recientes en las minas de carbón del país, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) defendió ayer que las acciones de vigilancia e inspección de minas se han reforzado significativamente en 2012, aunque se iniciaron desde 2011.

Incluso, sostuvo la dependencia, se quintuplicó el número de inspectores del trabajo en la región carbonífera del país, y éstos realizaron más de mil verificaciones en minas de carbón de 2009 a 2012, acciones que no han detenido los accidentes y fallecimientos de trabajadores, según señalan organizaciones civiles y sindicales.

Aún cuando se ha demostrado que la mayoría de los llamados pocitos de carbón no registran a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la dependencia firmó un convenio con esta institución y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con vigencia de marzo de 2009 a junio de 2012, para la realización de las inspecciones en minas y, según indicó, se determinaron 6 mil acciones de seguridad en éstas, y se les impusieron multas a las empresas por 13 millones de pesos. Es decir, un promedio de 3 millones de pesos por año.

La secretaría expuso que, de acuerdo con la fracción XIV del artículo 123 constitucional, los empresarios son responsables de los accidentes sufridos por sus trabajadores con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Sin embargo, a la fecha no hay ningún empresario preso por la muerte de los trabajadores en sus minas.

De las decenas de cientos de minas y pozos de carbón de la región de Coahuila, la secretaría ha decretado “39 restricciones de acceso de los trabajadores al lugar en donde desarrollan sus labores, por existir condiciones que ponen en peligro su vida o integridad física.

Además, en marzo del presente año, suscribió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un convenio de colaboración para capacitar y sensibilizar a funcionarios de la STPS en la protección de derechos humanos laborales. No obstante, la dependencia reconoció que con la actual legislación es imposible que la secretaría clausure de manera inmediata un centro de trabajo ante peligro o riesgo de los trabajadores.

Planteó incluso que son tan bajas las sanciones que la Ley Federal del Trabajo vigente prevé ante el incumplimiento de los patrones a las normas de seguridad de sus empleados (la máxima es de 19 mil pesos), que no inhiben su incumplimiento.