La estructura de campaña del candidato presidencial de la alianza Compromiso por México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto, ha sido un esquema probado ya en las elecciones para gobernador del estado de México en los últimos tres comicios: desbordado gasto de campaña, compra y coacción de votos mediante el uso de tarjetas de apoyo, así como un desempeño parcial de los medios de comunicación. En los tres casos, estos factores de desigualdad han derivado en que se desestimen los agravios opositores en razón del margen de ventaja alcanzado.

Bernardo Barranco, ex consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y actualmente integrante de un grupo de observadores electorales, decía poco después de la más reciente elección mexiquense: “Es el modus operandi del Grupo Atlacomulco; se trata de sobreinvertir, aun a riesgo de ser detectado en la fiscalización por rebase de topes de campaña. Es hacer de la política un gran negocio, un quehacer empresarial para lograr tal margen de ventaja que al momento del fallo de los tribunales se establezca que, pese a ese avasallamiento económico, no hay determinancia por la diferencia alcanzada”.

Su diagnóstico sobre los comicios mexiquenses se sustentaba en los criterios utilizados en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para validar, en 2005, el triunfo de Peña Nieto en la gubernatura, y en 2011, la victoria de Eruviel Ávila.

La resolución sobre la victoria de Peña Nieto decía: Se estima que el efecto de las irregularidades que se han tenido por demostradas, por sí solas no tienen la trascendencia suficiente para considerar que el resultado de la elección de gobernador se debió a la inobservancia de tales principios, provocada por las irregularidades apuntadas.

Y es que, aun reconociendo irregularidades en el gasto de campaña, en la inequidad de medios de comunicación, en el uso ilegal de un esquema de compra-coacción del voto denominado credencialízate y gana, al final, los magistrados concluían:

No existe algún elemento que permita advertir la posibilidad objetiva de que en la elección impugnada se hubiera producido un resultado distinto en los comicios, toda vez que la coalición Unidos para Ganar obtuvo 918 mil 347 votos; la coalición PAN-Convergencia recibió 936 mil 615, y la coalición Alianza por México recibió un millón 801 mil 530 sufragios, es decir, cerca del doble de la votación recibida por su contendiente más próximo.

Un esquema similar se reditó seis años después, para que el PRI ganara en 2011, con más de 20 puntos de ventaja, y que ahora fue aplicado en la elección presidencial para buscar un margen amplio de victoria que inhibiera el efecto de las quejas opositoras y reducir su efecto, según denuncia la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Federal Electoral (IFE).

“El Grupo Atlacomulco –sostenía en entrevista Barranco en su balance sobre la elección mexiquense– ha estado en esta línea de fragilidad legal a la hora de financiar sus campañas. Desde (Arturo) Montiel hubo acusaciones severas en torno al gasto. Posteriormente a Peña Nieto se le comprobó un rebase de topes de campaña en el fallo del TEPJF. Se probó que hubo inequidad en los medios de comunicación, pero, con una diferencia de 19 puntos, nada de eso fue determinante. (La estrategia fue) ampliar el margen y anular la determinancia”.

Tanto en 2005 como en 2011, la parcialidad de los medios de comunicación hacia el candidato priísta fue una constante. En la resolución de 2005, un párrafo resume el papel de los medios radiofónicos en el triunfo de Peña Nieto:

Cabe destacar que la radio fue el medio donde se manifestaron más diferencias en la clasificación de las notas en función de la coalición: en este medio, Alianza por México tuvo 34.50 por ciento de notas positivas y 6.42 de negativas, mientras que PAN-Convergencia tuvo 7.15 por ciento de notas positivas y 27.75 de negativas, y Unidos para Ganar 6.49 por ciento de positivas y 25.58 por ciento de negativas. En prensa se observó un comportamiento similar, aunque no fue tan significativo como en la radio.

Un esquema similar rigió en 2011. Desde la elección de 2005, ya se advertía el apoyo masivo de Televisa a Peña Nieto, que entonces también se asociaba al respaldo de la candidatura presidencial de Montiel, que luego se frustró, pero el megacontrato ya pactado sólo benefició a Peña, tras la caída de Arturo Montiel, advertía Barranco.

Para este proceso presidencial, este factor virtualmente no fue medido por un monitoreo pactado entre el IFE, la UNAM y los concesionarios de radio y televisión, que omitió monitorear programas de opinión, con lo que (en los hechos) ese factor no fue medido. En su lugar, los reportes de los noticieros que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México fueron de neutralidad en el manejo informativo.

Otros esquemas utilizados por el Partido Revolucionario Institucional en el estado de México, y posteriormente reproducidos en 2012, fueron el uso de la tarjeta credencialízate y gana, con la cual, según consta en la sentencia del TEPJF, se otorgaban recompensas a quienes se afiliaran al tricolor. Con otras variantes se reprodujo en la campaña de Ávila, y ahora, al igual que la saturación de espectaculares, sin que su denuncia incidiera en el fallo deltribunal electoral en los comicios mexiquenses y que ahora está en análisis para la elección presidencial.