legraos, mexicanos incrédulos, que las instituciones nacionales sí funcionan: el mayor escándalo de lavado de dinero en el país –ventilado en Estados Unidos– se resolvió con simples sanciones administrativas, que a la institución bancaria involucrada en tal ejercicio ilegal le provocaron sonoras carcajadas, pues el castigo apenas si le significa un pelo de los muchos millones que tiene, de tal suerte que el involuntario (se supone) mensaje que el gobierno federal envía a los voraces integrantes del sistema financiero que opera en México es igual de sencillo que de nítido: hagan lo que quieran, que para eso existen las sanciones administrativas que en nada les afectan.

Con el boato que ameritaba la ocasión, el órgano regulador y vigilante del sano funcionamiento del sistema financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un pomposo comunicado, por medio del cual se vanagloria de haber impuesto a la lavandería HSBC México “un total de mil 855 multas, en el ámbito administrativo, por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de prevención de lavado de dinero. Estas multas suman un monto total de 368 millones 921 mil 258 pesos), el cual fue cubierto hoy (ayer) por la institución. En conjunto, esta es la mayor sanción impuesta por la CNBV a un intermediario en lo particular y, para HSBC el monto pagado corresponde a 51.5 por ciento de la utilidad neta reportada al cierre de diciembre de 2011 (en realidad, 40 por ciento, de acuerdo con la estadística de la propia institución).

Los procesos de sanción fueron concretados con la imposición de sanciones el 7 de noviembre de 2011, y concluyen hoy con el pago de las multas señaladas, una vez que la institución de crédito se ha desistido de los juicios que promovió en contra de dichos actos de autoridad. El pago realizado por HSBC ascendió a aproximadamente 379 millones de pesos, que corresponden a las multas señaladas más las actualizaciones correspondientes derivadas del retraso en el pago. Las infracciones cometidas por HSBC se detectaron durante dos visitas de supervisión realizadas por la CNBV de julio a octubre de 2007 y de julio a octubre de 2008. Y la autocomplaciente institución (léase el gobierno mexicano) se quedó tan tranquila, toda vez que con estas sanciones la Comisión reitera su compromiso por hacer cumplir la regulación del sistema financiero mexicano (que de mexicano tiene muy poco) y por salvaguardar su integridad.

Se trata del mayor monto de lavado de dinero detectado en una institución bancaria que opera en el país (que se hizo público gracias al Senado estadunidense, y no a la autoridad mexicana), estimado en 7 mil millones de dólares, y todo quedó en familia, sin consecuencia legal alguna, mediante el pago de multas equivalentes al ¡¡¡0.38!!! por ciento del total involucrado (alrededor de 100 mil millones de pesos). Y se acabó el conflicto: HSBC sigue en lo suyo y la jactanciosa CNBV (¡cumplimos!) en la autocomplacencia. Con ese balance de opereta, que no es más que una invitación para que la lavandería sea aún más productiva, ¿quién temerá a la autoridad y quién respetará la ley, si es público que a golpe de sanciones administrativas se zanja cualquier irregularidad?

El comparativo de la CNBV es equivocado, pues asegura que las multas impuestas equivalen a 51 por ciento de la utilidad neta reportada (por HSBC) al cierre de diciembre del 2011 (en realidad es el 40 por ciento, como se apunta líneas arriba), es decir, las ganancias legalmente registradas. Pero las ganancias por lavado de dinero (los citados 7 mil millones de dólares) obviamente no fueron incluidas por la institución bancaria en su balance financiero. Oficialmente HSBC reportó utilidades netas por 922 millones de pesos en 2011 (estadística de la Comisión), pero el lavadero que motivó las referidas sanciones administrativas se detectó entre 2007 y 2008, no en 2011.

Obvio es que HSBC no lavó gratis, no lo hizo por causas altruistas. La institución bancaria procedió en tal sentido para obtener ganancias en efectivo y totalmente fuera de los reflectores fiscales. Si se estima que HSBC cobró una tarifa mínima de 10 por ciento por el servicio de lavandería, entonces la utilidad no reportada sería de 700 millones de dólares, algo así como 10 mil millones de pesos. En 2007 y 2008, por actividades lícitas, esa institución bancaria oficialmente reportó utilidades netas por 7 mil 287 millones de pesos. ¿Y el resto? Quedó fuera de la contabilidad entregada a la autoridad. Muchas son las combinaciones que se pueden hacer en este caso, menos aquella que la Comisión da por buena, es decir, que las multas aplicadas equivalen a 51 por ciento de las ganancias de HSBC en 2011.

Pero más allá de sumas y restas, el hecho aterrador es que la autoridad mexicana resuelve el mayor caso (detectado) de lavado de dinero en el país con simples sanciones administrativas, cuando lo conducente es cancelar la autorización al HSBC, proceder judicialmente en su contra y exigirle a sus dueños que hagan maletas y vayan a lavar dinero a otra parte. Y esta alegre solución se da justo en el gobierno que machaconamente dice que no daremos un paso atrás en el combate al crimen organizado, y si por la CNBV no lo sabe, el lavado de dinero es una actividad criminal y organizada. Sin embargo, si se aplica –como todo indica que se aplicó– el criterio de Guillermo Babatz, presidente de la Comisión, entonces México está frito: “hasta donde tenemos conocimiento –dijo el funcionario– nadie está acusando al banco en Estados Unidos de ser cómplice de los delincuentes”. Y como no le consta (con todo y que se documentó un lavado de 7 mil millones de dólares), entonces HSBC puede hacer lo que le plazca, cuando menos en este país en el que decididamente se combate al crimen organizado (Calderón dixit).

Y después se quejan de que el sistema financiero que opera en México sea reiteradamente acusado de ser el centro más importante de lavado de dinero en el hemisferio occidental.

Las rebanadas del pastel

Pero no sólo en la banca se cuecen habas: pese a que el escándalo lleva ya varios meses, la PGR aún no decide si comenzará una investigación en torno a los presuntos sobornos que el consorcio Wal-Mart habría hecho entre funcionarios mexicanos para lograr la apertura de mayor número de tiendas en territorio nacional. Así lo comunicó a la Comisión Permanente el director de Políticas Públicas y de Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría, Sergio Martínez Escamilla, en respuesta al llamado de ese órgano del Congreso, el pasado 30 de mayo, en el que solicita realizar las investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes (La Jornada, Andrea Becerril).

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