Desde abril pasado los organizadores de fiestas clandestinas pueden ir a la cárcel, aseveró el vicepresidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada.

El legislador perredista detalló que desde entonces en la capital del país se castiga con prisión de cinco a siete años y 500 a mil días de salario mínimo de multa a las personas involucradas en la realización de dichos eventos ilegales, que se dan en prácticamente todas las delegaciones y en los que habitualmente se venden alcohol y drogas a menores de edad, por lo que resulta fundamental que los ciudadanos denuncien esos actos ilícitos, para que la autoridad actúe en consecuencia.

Señaló que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF reformó el artículo 185 del Código Penal para el Distrito Federal, con una adición a la fracción III. Dicha modificación se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 3 de abril de 2012.

Dicho artículo señala que al que organice o realice eventos, reuniones o convivios al interior de inmuebles particulares con la finalidad de obtener una ganancia derivada de la venta y consumo de alcohol, drogas y/o estupefacientes a menores de 18 años o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o carecen de la aptitud para resistir la conducta, serán acreedores a las sanciones antes mencionadas.

El 22 de diciembre del año pasado, la ALDF aprobó las reformas al Código Penal para tipificar como delito la realización de esos eventos, ante el incremento de las fiestas clandestinas, que representan un gran riesgo para los jóvenes del Distrito Federal, explicó el legislador del sol azteca.

En meses recientes se denunció de forma reiterada la realización de fiestas clandestinas en inmuebles privados, espacios donde se cobra la entrada a menores de edad, se vende alcohol, cerveza y drogas, lamentó.

Los organizadores de esas fiestas, agregó, las realizan en forma reiterada o permanente cada fin de semana cerca de instituciones educativas o zonas de afluencia de menores, pero por lo regular en domicilios particulares, con el consentimiento del titular. En varios casos son los mismos titulares quienes las organizan, afirmó.