Por segunda ocasión en menos de una semana la juez federal Josefina Mora Dorantes ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) cumplir en 24 horas –vencen este martes– una suspensión que garantiza al general de división Tomás Ángeles Dauahare desahogar diversas pruebas en su favor para demostrar su inocencia, pero esta vez, a diferencia de la primera, la juzgadora fue más drástica en su notificación. Advirtió al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), que de incumplir el apercibimiento podría incurrir en responsabilidad penal.

Fuentes judiciales revelaron a La Jornada que Mora Dorantes está muy molesta por el reiterado desacato en que ha incurrido la Siedo al incumplir, o cumplir parcialmente, el ordenamiento de suspensión en vía de amparo que emitió la juzgadora para salvaguardar las garantías de debida defensa del general Ángeles, por lo que la juzgadora no descarta remitir el caso al área de asuntos especiales de la PGR para que se inicie una averiguación previa por el delito de abuso de autoridad, con base en lo que señala el artículo 206 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 215 del Código Penal Federal.

Requiérase a la (PGR) para que en 24 horas dé cumplimiento en su totalidad a la medida cautelar concedida en los términos que fue establecido. El requerimiento se efectúa de igual manera al titular de dicha (autoridad) responsable, apercibidas de que si no acatan lo solicitado podrían incurrir en responsabilidad penal, conforme a lo establecido en el numeral 107, fracción 17, de la ley suprema, plantea la juzgadora en un oficio que ya fue entregado a la Siedo.

Desde la semana pasada los fiscales que encabezan la averiguación previa contra el general Ángeles Dauahare entregaron a la juzgadora documentos con los que pretenden demostrar que ya han solicitado las diligencias que requirió el abogado del militar para demostrar su inocencia. Por tanto, según ellos, no existe ningún incumplimiento de la suspensión definitiva.

Los fiscales manifestaron que el 23 de mayo solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de las cuentas del divisionario y que el primero de septiembre de 2010 pidieron a Joseph E. Evans, director regional de la DEA en México, datos sobre el militar arraigado.

También entregaron a la juzgadora documentos que señalan que el 17 de junio de este año el fiscal Jorge Francisco Rubio Salgado pidió a responsables del centro comercial Perisur los videos de junio de 2008 para saber si el general estuvo en ese lugar, como dicen testigos protegidos.

Además, las autoridades ministeriales comunicaron a la juez que el pasado martes 17 de julio la subprocuraduría pidió a la cancillería mexicana y al Instituto Nacional de Migración los antecedentes del pasaporte y los registros de ingresos y salidas del país de Ángeles Dauahare.

Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas explicaron que para la juzgadora aún hay pendientes. Por ejemplo, la Siedo no ha dado respuesta al requerimiento de devolver a familiares los objetos particulares del militar y tampoco informó al acusado si había nuevas pruebas en su contra, además de las que conocía.