Jalapa, Ver., 23 de julio. Con miras a las elecciones locales de 2013, cuando se renovarán 212 alcaldías y 50 diputaciones locales, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, envió una iniciativa que propone un nuevo Código Estatal de Elecciones, cuyo análisis comenzó la noche de este lunes en la comisión de Organización Política y Procesos Electorales del Congreso local.

El mandatario priísta manifestó que busca que el nuevo código electoral responda a la actual realidad política de la entidad. Por ello, la iniciativa enviada a la 62 Legislatura es revisada por partidos políticos y diputados, a fin de lograr un documento que regule los procesos electorales y fortalezca la democracia.

Señaló que la iniciativa seguramente se modificará con aportaciones de legisladores y dirigentes de fuerzas políticas. Subrayó que un objetivo importante es evitar la guerra sucia contra institutos políticos y candidatos, y privilegiar las propuestas a los electores.

En la propuesta de Duarte de Ochoa resalta la modificación al artículo 48, que diría: Las organizaciones políticas no podrán contratar espacios publicitarios en aquellos medios que, aun habiendo efectuado los registros señalados en este artículo, publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidato.

Agrega: La contratación por parte de una organización política de mensajes dirigidos a promover el voto en contra de algún partido, coalición o candidato, o la efectuada en contravención a lo dispuesto en el párrafo precedente se considerará infracción a las obligaciones impuestas a dichas organizaciones.

En referencia a este artículo, el gobernador dijo en un comunicado estar de acuerdo en suprimir dicho párrafo, que podría interpretarse como una intención de acotar la libertad de las organizaciones políticas para publicar lo que consideren adecuado.

Asimismo se pretende facultar al consejo general del Instituto Electoral Veracruzano para que emita la constancia de mayoría al candidato triunfante en la elección de gobernador.

Según Duarte, esperar a que el tribunal estatal determine quién ganó la elección sólo genera incertidumbre en lugar de certeza y alienta distorsiones mediáticas basadas en la inexistencia de una resolución judicial definitiva.

Se relajaría control de gastos

La iniciativa también plantea relajar la vigilancia a las casas encuestadoras, la fiscalización de gastos de campaña y el monitoreo a medios.

En un apartado de la iniciativa “se propone la no regulación de ejercicios estadísticos como las encuestas, cuya credibilidad se ha puesto en entredicho en los recientes procesos electorales en la Federación y en los estados.

“Cualquiera que sea el contenido de la normatividad –argumenta–, no puede impedir el uso de las encuestas como medios de propaganda ni evitar que en el ámbito estatal se difundan muestreos desde centros de comunicación nacionales o internacionales que tengan relación con la elección local”.

Considera que resulta imposible establecer una relación causa-efecto entre la difusión de una encuesta y la emisión individual de la voluntad por medio del voto. En esa virtud se sugiere solamente que se mantenga el límite de seis días previos a la jornada electoral para permitir la difusión de encuestas.

También se prevé monitorear únicamente la propaganda electoral en los medios electrónicos e impresos.

Los partidos de la Revolución Democrática Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se manifestaron contra la iniciativa por considerar que tiene rasgos de inconsistencia y conduciría al subdesarrollo político.

Este lunes, Duarte de Ochoa informó que en unos próximos días la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales del Congreso local emitirá el dictamen definitivo que será sometido al pleno de la legislatura, donde el Partido Revolucionario Institucional es mayoría.