on todo y discurso triunfalista, pomposas conferencias para divulgar cifras históricas en materia de empleo formal y bonitas declaraciones que detallan que tantas más cuantas plazas laborales se generaron en tal periodo, la tasa oficial de desocupación abierta prácticamente no desciende ni se ha logrado retomar los indicadores previos al estallido de la crisis en 2008. Al cierre del primer semestre de 2012, dicha tasa fue de 4.81 por ciento, contra 3.5 por ciento al inicio del presidente del empleo. En cambio, lo que sí avanza sostenidamente es el número de mexicanos que sobreviven en la informalidad, totalmente fuera del circuito de prestaciones legales, que ya sobrepasa los 14 millones.

De acuerdo con el más reciente reporte divulgado por el Inegi, al cierre de junio del presente año más de 2.4 millones de mexicanos permanecieron en la desocupación abierta, contra poco menos de 1.6 millones en diciembre de 2006. A nivel nacional, la tasa de desocupación al concluir el primer semestre de 2012 fue de 4.81 por ciento de la población económicamente activa, porcentaje inferior al que se presentó en el mismo mes de 2011, cuando se situó en 5.42 por ciento. Por sexo, en los hombres disminuyó de 5.26 a 4.8 por ciento y en las mujeres de 5.69 a 4.82 por ciento.

En el mes que se reporta, 25.2 por ciento de los desocupados no completó los estudios de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron 74.7 por ciento. Las cifras para la situación de subocupación son de 41.4 y 58.6 por ciento, respectivamente. Las cifras desestacionalizadas muestran que en junio pasado la tasa de desocupación alcanzó 4.98 por ciento de la PEA, la misma proporción que en mayo de 2012. Si sólo se consideran las 32 principales áreas urbanas del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación abierta afectó a 5.73 por ciento de la población económicamente activa, inferior en apenas 0.63 puntos porcentuales a la observada en el sexto mes de 2011. Con base en datos desestacionalizados, la TD en el ámbito urbano disminuyó, si así se le puede calificar, 0.39 puntos porcentuales respecto a la de mayo pasado.

Por lo que toca a la subocupación, el Inegi detalló que durante junio de 2012 la población que se encuentra en esta circunstancia (“aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) representó 9.3 por ciento de la población ocupada, proporción superior a la del mismo mes de un año antes, cuando se ubicó en 7.76 por ciento. El porcentaje de subocupación es más alto en los hombres (10.3) que en las mujeres (7.8). En su comparación mensual, con cifras desestacionalizadas este indicador registró un incremento de 1.07 puntos porcentuales en junio pasado respecto al mes inmediato anterior. Lo anterior se traduce en que más de 4.4 millones de mexicanos tienen la necesidad de buscar un segundo empleo, porque sus ingresos no les alcanza para mantener a su familia, un claro síntoma de la precarización del empleo.

En la informalidad se encuentra el 29.72 por ciento de la población ocupada, o lo que es lo mismo, 14.2 millones de mexicanos. El Inegi detalla que la tasa de ocupación en el sector informal refiere a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación.

En este contexto, la Cámara de Diputados que la informalidad es otra consecuencia negativa del voluminoso déficit de empleos en el sector formal de la economía. Al inicio del sexenio 26.6 por ciento de las personas ocupadas trabajaban en la informalidad; en 2009 ya alcanzaba 28.3 por ciento, y al cierre del primer semestre de 2012 la proporción subió a 29.72 por ciento, lo que significa que hoy más de 14 millones de personas se encuentran trabajando sin prestación alguna, comenzando por la de seguridad social. La falta de oportunidades laborales también ha ocasionado que más personas estén dispuestas a aceptar empleos de menores ingresos.

Como muestra de lo anterior, apunta la Cámara de Diputados, el salario real promedio de los trabajadores que cotizan en el IMSS se ha reducido paulatinamente, con lo que el salario del sector formal sigue sin recuperar su nivel previo a la crisis. Para la economía en su conjunto la tendencia es similar. En el primer trimestre de 2008 el 41 por ciento de los trabajadores ganaba de cero a dos salarios mínimos y hoy esa proporción ya alcanza 45.4 por ciento. De la misma forma, los que ganaban más de cinco salarios mínimos representaban 11.6 por ciento de los trabajadores antes de la crisis y actualmente esa proporción bajó a 8.1 por ciento. Los datos anteriores reflejan que el crecimiento económico de los últimos años no ha podido revertir el deterioro salarial ocasionado por la crisis. Si bien la economía ha crecido durante los últimos dos años y medio, su ritmo ha sido insuficiente y no se ha traducido en un beneficio para toda la población.

Las rebanadas del pastel

Serenidad y paciencia, que la cosa es calmada. Ya lo anunció el preclaro consejero presidente Leolerdo Valdés Zurita: la denuncia por presunto lavado de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto sigue abierta, pero los resultados de la investigación se conocerán hasta enero de 2013. Y lo mejor es que para él, lejos de ser una tomadura de pelo para la ciudadanía, aquella es inequívoca señal de avance, pues el plazo original para resolver esta situación vencía hasta junio del próximo año. Maravilloso: una vez más está en juego la credibilidad de las instituciones y el de por sí precario equilibrio nacional, y la burocrática maquinaria del aparato electoral no sólo exhibe su pachorra, sino que la reivindica. Así, resolverá –si en realidad lo hace– este espinoso asunto una vez que Los Pinos ya esté ocupado por un nuevo inquilino (marca fábrica de los sueños), y a ver quién lo saca de allí… Y con la misma rapidez y contundencia, la Secretaría de Hacienda emite nuevas reglas para afianzadoras y aseguradoras, con el fin de prevenir y detectar actos y operaciones de lavado de dinero y terrorismo, y para lograrlo tales disposiciones entrarán en vigor en ¡seis meses!

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