Alrededor de 100 integrantes de la organización Movimiento Ciudadano de Acapulco marcharon ayer a la agencia del Ministerio Público Federal ubicada en el fraccionamiento Hornos Insurgentes para exigir la liberación de cuatro trabajadores que la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo por el caso Ayotzinapa.

Los implicados son la ex agente del Ministerio Público Rocío Cruz; el ex subprocurador de control regional y procedimientos penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alejandro Hernández, presos desde el 11 de julio, así como los agentes de la policía ministerial Ismael Matadama y Rey David Cortés, encarcelados el 30 de enero.

Los manifestantes señalaron que por los hechos del 12 de diciembre pasado en la Autopista del Sol, donde murieron dos estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa, sólo se investiga a trabajadores de la PGJE. Asimismo, los inconformes exigieron detener el hostigamiento contra el ex procurador Guerrero Alberto López Rosas.

María Lilia Paz y Puente, madre de Alejandro Hernández, sostuvo que éste, acusado de liberar a los normalistas, ni siquiera estaba en el lugar de los hechos; además, fue juzgado dos veces por el mismo delito.

La esposa del acusado, María Dolores López, entregó un documento dirigido a la titular de la PGR, Marisela Morales, en el cual detalla las anomalías del proceso.

En Chilpancingo, el juez de primera instancia del ramo penal de Guerrero, Leoncio Molina, advirtió que no aceptará presiones en la revisión del expediente de los policías ministeriales Rey David Flores e Ismael Matadama, ordenada por la justicia federal.