El Movimiento Progresista entregó a la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) pruebas supervenientes relacionadas con el entramado de operaciones que vinculan a Banca Monex y otras empresas en el financiamiento irregular al PRI durante la campaña de Enrique Peña Nieto.

Por lo anterior, la coalición solicita investigar aportaciones ilegales de personas morales y físicas a la campaña del priísta y la existencia de una estructura de financiamiento paralelo al tricolor, de la que no se informa al IFE, y demanda que, por tanto, se indague el consecuente rebase del tope de gastos de campaña.

En paralelo, una vez certificadas las pruebas aportadas a esa unidad del IFE –que las integrará como parte de las investigaciones sobre presunto financiamiento ilícito–, la coalición formalizará su entrega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se anexen al juicio de inconformidad contra la elección presidencial que ya fue radicado con el número SUP-JIN-359/2012.

Se solicita también que esos recursos no se consideren gasto ordinario del PRI, sino recursos de la campaña de Peña Nieto.

El representante de la coalición, Camerino Márquez, y el diputado Jaime Cárdenas explicaron por separado que igualmente se notificará a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda sobre los presuntos ilícitos, a partir de lo cual se presume la existencia de lavado de dinero en las operaciones de financiamiento del tricolor.

Lo anterior, en función de que el capital social de las empresas involucradas no explica razonablemente que súbitamente se fondearan montos, inicialmente, de 70 millones de pesos hasta 106 millones 914 mil –teniendo como eje medular a Banca Monex–, cuando las empresas y personas involucradas (Grupo Comercial Inizzio; Importadora y Comercializadora Efra; Comercializadora Atama; Grupo Koleos; Grupo Empresarial Tiguán y Rodrigo Fernández Noriega) reportan en sus escrituras públicas capital social que oscila entre 50 mil y 600 mil pesos.

La coalición sugiere en su escrito que los recursos utilizados durante la campaña por las empresas Inizzio, Efra, Atama, Koleos y Tiguán, así como por Fernández Noriega, provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, peculado derivado del desvío de presupuestos públicos estatales o de otros delitos vinculados al crimen organizado.

Todos los señalados transfirieron y depositaron en Monex recursos de origen desconocido y de procedencia ilícita, porque del comportamiento fiscal y financiero de esas personas no se desprende que hayan obtenido recursos equivalentes a sus depósitos y operaciones millonarias, apunta la queja ante la unidad de fiscalización.

Cárdenas expuso que a partir de la investigación se desconoce cuál es el origen de los recursos de esas empresas y persona física. Por la información que se dispone de sus actividades empresariales, dichas personas no contarían con los recursos que aportaron a Monex.

El escrito señala que las pruebas supervenientes se recibieron de manera anónima, y constituyen la descripción de lo que serían el tinglado de operaciones para financiar la campaña de Peña Nieto.

Además de las pruebas aportadas, la coalición refiere –para conocimiento del TEPJF– que la propia unidad de fiscalización detectó la triangulación de operaciones, por conducto de Banca Monex, con aportaciones de Inizzio y Efra.

Es decir, la autoridad electoral federal acreditó que operadores del PRI utilizaron las tarjetas de Monex para pagar a representantes generales y a promotores del voto en Guanajuato. La coalición entregó 33 facturas, seis notas de crédito y tres detalles de factura por la adquisición de tarjetas, así como una relación de depósitos.

El Movimiento Progresista destaca que existe un salto en las operaciones financieras de esas empresas entre el 18 de abril y el 15 de junio, a través de Banca Monex. Grupo Comercial Inizzio y Efra manejaron un monto hasta de 70 millones de pesos, lo que habría dejado a Monex comisiones por un millón 89 mil 853 pesos.

Los propietarios de Grupo Comercial Inizzio, constituido el 27 de octubre de 2006, según registro ante la notaría pública 165, son Ramón Paz (con 30 acciones) y Juan Óscar Fragoso Oscoy (con 20). La empresa tiene un capital social de 50 mil pesos, con objetivo social de compraventa, exportación de maquila y manufactura en general.

Fragoso Oscoy, accionista minoritario, declaró en 2009 ser obrero –fecha en la cual ya había sido constituida la empresa–, y Ramón Paz tiene como actividad la construcción.

De dicha empresa se detectaron tres notas de crédito por un monto total de 21 millones 425 mil pesos y facturas de carga de saldo de prepago de Banca Monex por 46 millones 179 mil pesos.

La Importadora y Comercializadora Efra –de la que se detectaron notas de crédito por 29 millones 781 mil pesos– tiene un capital social de 600 mil pesos y es propiedad de Gustavo Hernández (600 acciones) y Moisés Hernández (también 600), con domicilio en Calderón de la Barca 78, Polanco.

La referencia en la queja muestra que es el mismo domicilio –según el Movimiento Progresista– de Gabino Antonio Martín Fraga Peña, a quien se identificó como coordinador regional de compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto de los sectores priístas en Tlaxcala.

En otras 16 facturas se detectaron carga de saldo prepago por 60 millones 594 mil 924 pesos –de los cuales Monex cobró comisión por 605 mil 949 pesos–, asociadas a tres sociedades mercantiles más: Atama, Koleos y Tiguán, todas con capital social reportado en sus escrituras de conformación de 50 mil pesos.

Atama, de la que existen facturas por 13.9 millones de pesos, comenzó a operar en octubre de 2007, se dedica a los textiles y entre 2007 y 2010 declaró utilidades por un millón 81 mil 911 pesos. Su pago total de impuesto sobre la renta en esos cuatro años fue de 263 mil 904 pesos.

Tiguán es propiedad de Juan Antonio Hodorogo y Luz María Viveros y está dedicada a servicios de publicidad y actividades conexas. Se le relaciona con el tricolor y se reporta que durante la campaña del priísta Eruviel Avila para la gubernatura del estado de México cobró por sus servicios 2.5 millones de pesos.