e han agrupado en siete rubros las numerosas razones que dan base a la demanda de invalidez de la elección presidencial de 2012 presentada por la coalición Movimiento Progresista. Coinciden con la denuncia de acciones de inequidad presentada por Acción Nacional. No se trata de una coincidencia, sino de una prueba más de una visión compartida por la mayoría de los ciudadanos: México ha vivido una elección presidencial viciada, marcada por la inequidad, en la que no se garantizó ni la autenticidad ni la libertad del voto. El examen legal de las razones para impugnar la elección, conducido y procesado con rectitud por la autoridad concernida, deberá dar lugar a declarar la invalidez del proceso y su reposición en los términos de la ley. Ante la demanda del Movimiento Progresista y la denuncia del PAN se enfrenta una serie de descalificaciones que conviene evaluar. Examinemos las razones para invalidar y las sinrazones para desecharlas.
La más socorrida consiste en afirmar que si se impugna la presidencial, deberían impugnarse las demás elecciones celebradas en la misma jornada. Se ignora que se trata de procesos diferentes, aunque simultáneos. En la primera se acumulan la atención, los recursos y las acciones ilegales para predeterminar indebidamente el resultado. Si bien puede decirse que en todos los comicios del primero de julio hubo alguna irregularidad, en el presidencial aparecieron las razones para impugnar y es donde existen razones suficientes para invalidar. Suele aludirse también a las complicaciones que se derivarían de la declaración de invalidez y de la reposición del proceso. Son evidentes. No es sencillo y sus costos distan de ser triviales. Sin embargo, es más costoso declarar válida una elección viciada y condenar a la nación a vadear un sexenio más bajo un gobierno marcado por la ilegitimidad de origen, surgido no del sufragio efectivo sino del “haiga sido como haiga sido”, elevado al rango de lema nacional.
Las operaciones de compra y coacción del voto –una de las más graves irregularidades que viciaron la elección presidencial y que determinan su invalidez– fueron denunciadas antes de la jornada comicial. En el caso conocido como Monexgate, la autoridad realizó una investigación preliminar, que determinó la existencia de los hechos denunciados, pero negó las medidas cautelares solicitadas, aplicando una noción juridicista de suficiencia de pruebas, en lugar de priorizar la necesidad de establecer certeza jurídica, anulando la eficacia del presunto ilícito. El caso paralelo conocido como Sorianagate, sobre cuya vastedad y alcance se han publicitado indicios abrumadores, tanto en los medios como en las redes sociales, denunciado también antes de la elección, sólo ha empezado a ser investigado con posterioridad a la elección. Se hallan también en este capítulo las operaciones realizadas por gobiernos estatales emanados del PRI para movilizar a grupos de votantes inducidos que se documentan con amplitud en la denuncia del Movimiento Progresista. Se ha señalado que, una vez depositado en la urna, es indistinguible un voto comprado o producto de la coacción de otro emitido en forma libre. No es posible la cuantificación precisa de los primeros. En cambio, es posible determinar la magnitud de las operaciones de compra y coacción y llegar a estimaciones cuantitativas. La del Movimiento Progresista podrá ser afinada o corregida por la autoridad, que dispone de mayor capacidad de pesquisa. El TEPJF debería recibir de la procuraduría especial información al respecto, aun de carácter inicial, para tomarla en consideración al calificar la elección.
La evidente violación de los topes para el gasto de campaña por la coalición Compromiso por México constituye otra razón poderosa para invalidar. Es inadmisible, a la luz de los criterios constitucionales de autenticidad y libertad, que se le considere como una mera falta administrativa, sancionable a posteriori por medio de amonestaciones o multas. De prevalecer este criterio, se estará validando que sea el dinero—tanto el que se eroga directamente en las campañas como el que se emplea en la construcción de candidaturas a través de los medios, incluyendo la manipulación y uso propagandístico de encuestas– el elemento de mayor importancia de los procesos electorales en México.
Un destacado analista político mexicano ha hecho notar que los partidos políticos del Movimiento Progresista y la agrupación Morena debieron haber sido más eficaces en prevenir y denunciar con oportunidad, precisión y rigor las acciones de compra y coacción del voto y de gasto excesivo en las campañas. Ha señalado también que los alegatos contenidos en su documento de denuncia (disponible, inter alia, en www.amlo.org.mx) podrían haberse formulado con mayor rigor y fundamento. Es evidente que las cosas podrían haberse hecho mejor. Aun con sus insuficiencias, la denuncia constituye un alegato formidable, con señalamiento de elementos probatorios. Deberá ser examinado y ponderado en toda su dimensión por el tribunal. Habría que agregar que, en una denuncia de actos delictuosos, como la compra o coacción del voto, es a la autoridad a la que corresponde realizar la investigación de los hechos denunciados. Suele asegurarse que el denunciante debe probar plenamente su dicho. No es así. Al denunciante compete fundamentar, lo mejor que le sea posible, su denuncia, pero la investigación de la misma y la determinación de la verdad es tarea de la autoridad.
La demanda de invalidez de la elección presidencial de 2012 que presenta la coalición Movimiento Progresista es, sobre todo, una muestra evidente de apego a la institucionalidad democrática del país. Es de esperarse que sea considerada y procesada con apego a la ley, con rectitud y amplitud de criterio. Sería inconcebible un veredicto del tribunal similar al de hace seis años. Cómo aceptar una sentencia que reconozca que son ciertas las irregularidades denunciadas, pero que las mismas no afectaron el resultado de la elección, por lo que se declara su validez. Tal desenlace sería un golpe de muerte a la incipiente y maltratada democracia electoral en México.
