La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) detectó numerosas deficiencias administrativas y financieras en la cuenta pública 2010 del Gobierno del Distrito Federal (GDF), por lo que emitió mil 524 recomendaciones para subsanarlas. A la par, entregará a la Contraloría General, Procuraduría General de Justicia y Procuraduría Fiscal los resultados de 102 auditorías en las que se configura la probable comisión de un delito penal o falta administrativa por servidores públicos.

La CMH aplicó a la cuenta pública de 2010 un total de 109 auditorías a 12 secretarías y dependencias del gobierno central, 16 delegaciones políticas, seis órganos desconcentrados, 26 entidades, cinco entes autónomos y dos órganos de gobierno.

En entrevista, el titular de ese órgano de fiscalización, David Vega Vera, precisó que en el caso de las mil 524 recomendaciones se enviará a las instancias de gobierno correspondientes para que en un plazo de 30 días puedan atenderlas. De no ser así se envarán a las procuradurías general de Justicia y Fiscal, y a la Contraloría, para que inicien un procedimiento sancionatorio a los funcionarios mencionados en la revisión.

Por lo que hace a las 102 promociones de acción, dijo que se están determinando las que van a la PGJDF, a la PF o a la Contraloría. Consideró que eso se concretará a finales de septiembre próximo.

Sin embargo, no detalló las dependencias o los nombres de los servidores públicos que estarían implicados en las deficiencias o irregularidades detectadas en el manejo de recursos presupuestales o en la aplicación de las normas.

Por otra parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf) ordenó a la CMH hacer pública la información relativa a los 41 servidores públicos que resultaron probables responsables de faltas administrativas con motivo de la revisión de la cuenta pública 2006.

Lo anterior, luego de que un particular se inconformó con la respuesta que el ente dio a su solicitud de información sobre el tema, en la que sólo mencionó 15 funcionarios involucrados y se reservó la relativa a otros 26, con el argumento de la protección de datos personales.

El organismo detalló que si los documentos contienen datos personales, la CMH deberá elaborar una versión pública de la misma para que sea entregada al solicitante.