Buenos Aires, 16 de julio. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó hoy a la petrolera británica Premier Oil PLC que emprenderá acciones administrativas, civiles y penales, previstas en las normas argentinas, por las actividades hidrocarburíferas ilegales que desarrolla en las islas Malvinas.

La exploración de hidrocarburos que lleva a cabo Rockhopper Exploration PLC para la Premier Oil PLC en la plataforma continental argentina es ilícita y, por tanto, se le declara clandestina, indicó la cancillería en un comunicado.

Entre las acciones a llevar a cabo se incluyen las concernientes a la protección del medio ambiente marino, en particular en caso de eventuales daños ecológicos producidos por las actividades que se desarrolla.

El comunicado añade que se informó a Premier Oil PLC que similares procedimientos fueron entablados con anterioridad contra las empresas Argos Resources LTD, Falkland Oil and Gas Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum PLC, que también llevan a cabo operaciones ilícitas en el Atlántico Sur.

Recientemente, en violación a acuerdos con la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el tema de la descolonización del archipiélago de las Malvinas, en Gran Bretaña se confirmó que la empresa operaría en exploración petrolera.

Diplomáticamente fue visto como una provocación más, que se añade al envío de buques y submarinos a la base militar británica, que también ilegalmente se han instalado en el lugar, en la isla Soledad.

Además, Argentina remitió notas a las bolsas de valores de Nueva York y de Londres –así como a sus entes reguladores–, en las cuales solicita que exijan a dichas empresas que informen respecto de las actividades ilícitas que llevan a cabo en la plataforma continental argentina, así como que cuantifiquen los riesgos que puedan derivar de éstas.

Ya en junio pasado, en el contexto de un fuerte enfrentamiento diplomático con la administración británica, el gobierno argentino había declarado ilegales esas actividades, y señaló a un grupo de empresas, mediante varias resoluciones oficiales, declarando ilegales sus trabajos en territorio argentino, al no estar habilitadas para ello por las autoridades competentes.

Se informó que se pondrá en conocimiento de todos los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de esa situación, así como como de las instancias judiciales argentinas pertinentes.

Gran Bretaña y Argentina se enfrentan desde el siglo pasado por las islas Malvinas, que fueron colonizadas en 1833; en 1982 se produjo la guerra del Atlántico sur entre ambos países. Reino Unido derrotó a la junta militar que en ese momento gobernaba Argentina.

La ONU ha decidido que ambas naciones deben reconocer la descolonización del archipiélago de las malvinas, pero Gran Bretaña se niega a sentarse en la mesa de negociaciones.

En tanto, en la provincia sureña de Santa Cruz continúa la huelga de policías, a pesar de las numerosas ofertas del gobierno provincial, el cual ha propuesto un aumento salarial de más de 35 por ciento. El mínimo que se pide es de 9 mil pesos (más de 2 mil dólares), lo que se considera la cifra más alta en demandas salariales en todo el país.

El presidente de la Asociación Civil de Trabajadores de la Policía de Santa Cruz, Mario Monsalvo, pidió que se reconozcan los derechos de los empleados. Agregó que aún no se encuentra solución al conflicto.