Los nombres de los familiares de las víctimas del incendio en la Guardería ABC que reciben apoyos económicos del gobierno federal quedarán en la confidencialidad, de acuerdo con una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), que confirmó la reserva de esos datos. Sin embargo, ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dar a conocer los montos individualizados, asignando una clave alfanumérica, así como los criterios genéricos mediante los cuales les fueron asignados.

El pleno del Ifai precisó que el IMSS deberá asignar a cada monto una clave numérica, a fin de no publicar los nombres de los destinatarios de dichos recursos, toda vez que éstos son datos de carácter confidencial, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esto en respuesta a la solicitud de información de un particular, quien pidió conocer el monto total del fideicomiso autorizado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, para apoyar a los padres de los niños fallecidos y lesionados, al igual que a los adultos que resultaron con lesiones debido al incendio; el total de los recursos económicos con los que se les ha apoyado, mencionando sus nombres y el monto entregado.

En su respuesta, el IMSS señaló que el monto otorgado por el gobierno federal para la constitución del Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC, fue de 250 millones de pesos, anexó un cuadro en el que se detallan los recursos erogados al 30 de septiembre de 2011 y el tipo de ayuda proporcionada: becas para estudios hasta el nivel superior; ayudas vitalicias por solidaridad para las madres de los menores fallecidos o lesionados y para las maestras y otros adultos que resultaron lesionados.

Con relación a los nombres de los niños y adultos fallecidos o lesionados y los montos gastados por cada uno de ellos, clasificó la información, en términos de lo estipulado en las normas.

Inconforme con ello, el particular presentó un recurso de revisión ante el Ifai con el argumento de que es procesado por un juez en Sonora por el homicidio de 49 niños fallecidos y 20 lesionados, y necesita demostrar que sí se les ha apoyado económicamente para que no le sea cargado el ciento por ciento del monto de la reparación del daño.

El caso se turnó a la comisionada Sigrid Arzt, quien tras analizar el asunto determinó procedente confirmar la clasificación de los nombres de los destinatarios de dichos recursos ya que hacerlos públicos en relación con los montos otorgados a cada uno de ellos revelaría innecesariamente datos personales adicionales, de carácter sensible como: condiciones de su muerte, estado actual de salud física y mental, ideologías y convicciones. Lo cual se ve agravado por el hecho de que se trata de menores de edad en su primera infancia, entre otros argumentos