Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizaron ayer un mitin a las afueras de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), instancia que ha retrasado sin fundamento legal alguno, la resolución de varios procesos laborales iniciados por los trabajadores para recuperar sus derechos laborales y su empleo.

El gremio ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer los juicios de amparo directo interpuestos ante tribunales colegiados en materia de trabajo, debido a la negativa de la JFCA de resolver los asuntos que están pendientes.

Indicó este sindicato que se encuentran en juego los derechos laborales y humanos de más de 16 mil trabajadores y sus familias, y que busca que sea el máximo tribunal del país el que qudecida la suerte de ellos.

El SME tiene en la junta especial número 5 dos juicios laborales relacionados con la situación jurídica de los trabajadores electricistas. En el primero porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre el organismo público descentralizado, denominado Luz y Fuerza del Centro, y sus trabajadores.

En otro proceso, iniciado ante la misma junta, demanda al SAE –que para el sindicato es la figura patronal única visible en este conflicto– por el despido injustificado o, en su caso, la declaración de algún patrón sustituto, y la asunción de la calidad de patrón por parte del Estado.

En tanto, esta junta se ha negado a acumular los expedientes, ya que los dos juicios referidos se encuentran íntimamente relacionados y de no resolverse en forma integral podrían resultar en perjuicio de miles de trabajadores.

Según el gremio, la junta es manipulada por el Ejecutivo, lo que representa una grave violación a los derechos humanos de más de 16 mil trabajadores y sus familias, circunstancia suficiente para que la SCJN atraiga el caso.

Por otra parte, ayer grupos opositores informaron que conformaron un nuevo comité central del sindicato mexicano de electricistas y que presentaron una demanda en contra del dirigente Martín Esparza Flores y el SAE con la finalidad de recuperar los bienes de la organización.