Al menos 14 mexicanos han resultado muertos o heridos en lo que va del año por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, lo que significa un incremento de estos casos respecto de años anteriores.

Aun cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha elevado reclamos por el uso excesivo de la fuerza de ese cuerpo de seguridad en contra de migrantes mexicanos, hasta el momento ningún agente de la agrupación policiaca ha sido señalado como responsable por el gobierno estadunidense.

Este domingo la SRE envió una nueva nota de protesta al Departamento de Estado de aquel país, en la que exigió el esclarecimiento del asesinato de Juan Pablo Santillán, baleado el sábado anterior en la frontera entre Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas, además de insistir en el castigo a los responsables.

De acuerdo con información de la cancillería, los casos de mexicanos muertos o heridos por agentes de la patrulla fronteriza y autoridades migratorias de Estados Unidos se han incrementado en los pasados cuatro años. En 2008 ocurrieron cinco casos, 12 en 2009 y 17 en 2011.

El antecedente del asesinato de Juan Pablo Santillán es el de Juan Pablo Flores Segura, quien hace un mes murió cuando estaba bajo custodia de oficiales de migración estadunidense, después de ser detenido y sujeto a proceso de deportación por su estancia sin documentos en ese país.

En 2010, con semanas de diferencia, las autoridades estadunidenses exoneraron al agente que mató con arma de fuego en junio de 2010 al menor Sergio Hernández Güereca, en la frontera con Ciudad Juárez, y se reportó el asesinato a golpes, también por agentes de esa corporación, del migrante mexicano Anastasio Hernández, de 32 años, en la frontera de San Ysidro, California, sin que se haya señalado a nadie como responsable.

Estos hechos, en los que se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza en contra de connacionales, han suscitado reclamos del gobierno mexicano y la preocupación de organismos internacionales, como el expresado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas, pero sin resultados, ya que los oficiales migratorios de Estados Unidos siguen utilizando la fuerza para repeler presuntas agresiones de mexicanos, no sólo en aquel país, sino incluso desde territorio nacional.

Grupos defensores de derechos humanos, como Amnistía Internacional, reiteraron su condena por lo que consideró el uso desproporcionado de la fuerza por autoridades estadunidenses, y exigieron al gobierno mexicano tomar acciones más enérgicas que el simple reclamo diplomático para impedir que hechos como el de Juan Pablo Santillán se repitan, sin que nadie resulte responsable, como ha sucedido hasta el momento.