Washington, 9 de julio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que presentaron cargos contra los cinco presuntos asesinos del agente fronterizo Brian Terry, cuya muerte desató el escándalo en torno a la controvertida operación Rápido y furioso, que ha puesto en aprietos al gobierno de Barack Obama.

A la par, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de hasta un millón de dólares por pistas que lleven a la detención de cuatro de los implicados por este asesinato que aún están fugitivos.

Los acusados son Manuel Osorio Arellanes, el único de los cinco ya bajo custodia estadunidense, así como Jesús Rosario Favela Astorga, Iván Soto Barraza, Heraclio Osorio Arellanes y Lionel Portillo Meza.

Todos enfrentan cargos que incluyen asesinato en primer y segundo grados, conspiración para cometer un robo, asalto contra un agente oficial y posesión de arma de fuego por una persona sin licencia, entre otros.

La acusación formal incluye a un sexto implicado, Rito Osorio Arellanes, quien también ya está detenido, pero que sólo enfrentará cargos de conspiración por robo, especificó el Departamento de Justicia.

El agente Brian Terry murió en diciembre de 2010 durante un tiroteo con los acusados, quienes según la justicia habían ingresado ilegalmente en Estados Unidos desde México con el objetivo de robar el contrabando de narcotraficantes.

Durante la investigación del incidente que acabó con la vida del agente estadunidense se descubrió que algunas de las armas usadas en los hechos estaban ligadas al operativo Rápido y furioso.

Esta controvertida operación fue iniciada en 2009, cuando agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas permitieron que traficantes ingresaran de forma ilegal unas 2 mil armas de alto calibre a México desde Arizona, para luego tratar de localizarlas en escenas de crímenes y de esa manera rastrear a los cárteles que las utilizaban, aunque finalmente se perdió el rastro del armamento.

La vinculación de la muerte del agente con la polémica operación desató en 2011 una investigación liderada por el congresista republicano Darrell Issa, la cual ha ido subiendo de tono en su enfrentamiento con el gobierno.

El caso alcanzó su clímax en junio pasado, cuando la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, a instancias de Issa votó en favor de declarar en desacato al fiscal general, Eric Holder, por negarse a entregar parte de los documentos sobre el caso que le reclama el legislador opositor, acción que la Casa Blanca tachó de maniobra política.

Frente a uno de los argumentos esgrimidos por el congresista Issa, que se ha basado en los reclamos de la familia de Terry de saber qué pasó para actuar contra Holder, éste aprovechó hoy el anuncio de la presentación formal de cargos contra los presuntos asesinos del agente fronterizo para reiterar los esfuerzos de la fiscalía por aclarar los hechos.

Nada nos detendrá para llevar ante la justicia a los responsables de su asesinato, aseveró Holder en un comunicado.

El anuncio realizado este lunes refleja el compromiso inexorable para el Departamento de encontrar y arrestar a los individuos responsables de esta tragedia, para que la familia del agente Terry, sus amigos y compañeros puedan obtener la justicia que merecen, agregó.