Amnistía Internacional recordó que el próximo 9 de julio el sacerdote Alejandro Solalinde retomará formalmente sus actividades, y advirtió que la situación de peligro que lo hizo dejar el país por un tiempo no ha cambiado sustantivamente y continúa significando un alto riesgo para su integridad y para la continuación de su trabajo en favor de los migrantes indocumentados.

Mediante una declaración pública, el organismo con sede en Londres informó que diversos colectivos de la sociedad civil, entre ellos Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana y Brigadas Internacionales de Paz, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunirán con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, para saber cuáles son las medidas de seguridad que tendrán el religioso y su equipo.

En dichos encuentros, donde también estará presente el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Max Diener, de igual manera se solicitará información sobre los avances en la pesquisa iniciada por la PGR sobre las amenazas de muerte recibidas en mayo de este año por el director del albergue Hermanos en el Camino.

Las autoridades mexicanas deben concluir las investigaciones que han iniciado en relación con las amenazas de muerte en contra del padre Solalinde y consignar a los responsables; de lo contrario, estarán enviando un lamentable mensaje a los perpetradores en el sentido de que estas prácticas pueden ocurrir en México sin consecuencias, advirtió Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Una vez de regreso a sus labores, Solalinde se reunirá también con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y con el procurador general de Justicia de dicha entidad, Manuel de Jesús López.