El general de división Tomás Ángeles Dauahare, arraigado por presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, acusó ante una juez federal a la Procuraduría General de la República (PGR) de incurrir en desacato judicial, al violar en su perjuicio una suspensión obtenida en vía de amparo que ordena a los fiscales desahogar una serie de pruebas encaminadas a demostrar su inocencia antes de que pidan la orden de aprehensión contra el divisionario.

La suspensión, emitida por una autoridad judicial, ordena a la PGR solicitar a la administración del centro comercial Perisur los videos de seguridad de junio de 2008, cuando supuestamente el general se reunió en ese sitio con supuestos narcotraficantes.

La protección también ordena a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) desahogar una serie peritajes sicológicos para comprobar que sean congruentes con la realidad, veraces y verosímiles los testigos protegidos que declararon contra el divisionario.

Josefina Mora Dorantes, juez décimosegundo de distrito en materia de amparo del Distrito Federal, abrió un incidente de violación a una suspensión, para verificar si la SIEDO acató o no el mandato que le giró hace unos días.

La juzgadora concedió previamente una suspensión definitiva, con el propósito de que la SIEDO se pronuncie sobre la solicitud de Ángeles, quien pidió por escrito comprobar las imputaciones; sin embargo, la subprocuraduría no respondió la instrucción del órgano de impartición de justicia.

Tramítese el incidente de violación a la suspensión, cuya finalidad es determinar si existió violación a la suspensión definitiva por las autoridades responsables y dejar definida y, en su caso, fincada, la responsabilidad de la o de las autoridades que hayan incurrido en la violación a la suspensión definitiva, dice el resolutivo.

Mora instruyó entregarle a la SIEDO una copia de la denuncia de violación a la suspensión, promovida por el general, y le impuso tres días para responder.

Este litigio, que podría determinar que la SIEDO incurrió en desacato a una orden judicial, tiene origen en un amparo que promovió Ángeles para solicitar que el Ministerio Público tramitara diversas pruebas que ofreció en su descargo, para demostrar la autenticidad de las acusaciones de los testigos protegidos Jennifer y Sergio Villarreal, El Grande, quienes señalan al general de colaborar con los Beltrán Leyva.

Solicitó que la dependencia pida a la administración de Perisur los videos de seguridad de junio de 2008, cuando los testigos dicen que fueron por él a ese centro comercial, para llevarlo a una reunión con narcos.

Pidió también conseguir los reportes del Instituto Nacional de Migración sobre sus ingresos y salidas del país, así como los informes de sus cuentas financieras, en manos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los abogados de Ángeles Dauahare pretenden demostrar que en junio de 2008 el general estuvo en Alemania.