El gobierno federal tiene un compromiso absoluto, pleno y contundente con la atención a las víctimas del delito y la violencia, aseguró el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, al reconocer que las observaciones hechas por el Ejecutivo al proyecto de la Ley General de Víctimas no han sido bien recibidas del todo, particularmente por las organizaciones civiles.

Así, corrigió ayer lo que el pasado miércoles había asegurado Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo, respecto de que en las organizaciones de la sociedad civil hubo recepción y empatía hacia el documento entregado en el Senado de la República.

Por la noche, en un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el titular de la dependencia buscó a Javier Sicilia y se comunicó con Emilio Álvarez Icaza, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con la finalidad de plantearles la necesidad de tener una buena Ley General de Víctimas que sí funcione. También aclaró que las observaciones del Ejecutivo a este proyecto fueron hechas en tiempo y forma, debido a que el instrumento llegó a Gobernación el primero de junio y el titular del Poder Ejecutivo dispone de 30 días para hacer señalamientos.

Diario Oficial de la Federación en edición electrónica

Ayer, al encabezar la presentación de la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación, Poiré retomó el tema; subrayó el interés del gobierno federal por mejorar el proyecto de ley y hacerlo rápido. Aseguró que ya entabló comunicación con representantes de las organizaciones de la sociedad y algunos de los liderazgos legislativos e insistió: el mayor interés del gobierno del presidente Felipe Calderón es que los mecanismos que propone esta ley puedan funcionar adecuadamente lo más rápido posible.

Es muy importante, dijo, que ese nuevo ordenamiento funcione bien y cuente con todos los elementos para garantizar que el trabajo de los legisladores y los mismos grupos de atención a las víctimas se traduzca en un beneficio real para la sociedad, y que no resulte un problema, porque se apruebe y después se deba cambiar por carecer de un fundamento constitucional.

El responsable de la política interior del país señaló que tal como está el proyecto es una ley general de aplicación tanto en la Federación como en los estados municipios. Sin embargo, se corre el riesgo de que como está planteada, y porque no necesariamente cuenta con el pleno fundamento constitucional, algún estado o algún municipio pudiera no cumplirla.

Explicó que nueve de cada 10 delitos que se cometen en el país son del fuero común; es decir, la investigación y atención a las víctimas corresponde a estados y municipios. Señaló que el interés del Ejecutivo es que exista la certeza absoluta de que esta atención a víctimas se dé con eficacia en el ámbito de los estados, al igual que en la Federación.

De ahí la propuesta de que se realice una modificación al artículo 21 constitucional para determinar a las autoridades que están obligadas a dar la atención que requieran las personas afectadas por la delincuencia.

Al insistir en la importancia que la administración calderonista ha dado al asunto de los individuos perjudicados por la violencia en el país, Poiré se refirió a la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctimas), organismo que ya ha atendido a cientos o a miles de personas en el ámbito federal.

Lo que ahora se busca con las adecuaciones al contexto legal es garantizar que esa debida atención y los beneficios que se derivan de la ley puedan ser aplicables no solamente a quienes están gestionando su caso en el ámbito federal, sino de manera sistemática a las víctimas del delito en el ámbito estatal, reiteró.