Guadalajara, Jal., 5 de julio. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una nueva recomendación contra Claudia Corona Marseille, presidenta del Consejo Estatal de la Familia (CEF), quien cometió abandono institucional de 25 menores de edad, a quienes por omisiones negó su derecho a ser adoptados.

La recomendación señala que la queja original fue por violaciones a los derechos de al menos 300 menores bajo custodia del CEF, pero sólo obtuvo pruebas sobre los casos de 25 niños, pues Corona Marseille obstaculizó por meses la investigación de la cuarta visitaduría de la CEDH e incluso interpuso un amparo para evitarla.

En su recomendación 12/2012, la número 11 contra la CEF en más de cinco años de gobierno panista, la CEDH acreditó que Corona Marseille; la jefa de adopciones, Catalina Terán González, y la sicóloga adscrita a la jefatura de custodia, Claudia Angélica Rangel Martínez, extraviaron expedientes y omitieron inscribir a varios menores en el registro civil.

La CEDH solicitó por cuarta ocasión a la Contraloría del estado investigar el caso, revisar los expedientes de los niños agraviados e integrar a los afetados a familias. Además, se dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que investigue a las implicadas.

La queja fue presentada en junio de 2011 por Juan Manuel Estrada, presidente de la Fundación Find, que por más de una década ha trabajado en la localización de niños desaparecidos. Argumentó que el CEF no hizo los trámites necesarios para dar familia adoptiva a unos 300 niños, por instrucciones de Corona Marseille.

También señala que se usó la falta de recursos económicos de los padres como excusa para quitarles sus hijos, muchos de los cuales fueron enviados a instituciones en otros estados del país.

Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la CEDH, relató que en varias ocasiones el CEF se negó a entregarle documentos. Corona incluso promovió un amparo con el ánimo de no entregar información –pese a que por ley el ombudsman puede recibirla con la condición de mantener la confidencialidad–, y argumentó que se pretendía sancionarla, pese a que la comisión carece de atribuciones para ello.

Apenas en octubre de 2011 la autoridad federal decretó la improcedencia del juicio de amparo que favorecía a Corona.

El 16 de febrero, después de que se admitió la queja de la cuarta visitaduría por posibles omisiones contra 41 niños, Corona rindió un informe y envió sólo siete expedientes relativos a 25 niños que la PGJE puso bajo su custodia.

Los demás hechos señalados, –pérdida de expedientes y envío de numerosos menores a otros estados, entre otros– no se demostraron en la investigación, precisó el ombudsman jalisciense.