A partir de este miércoles, estudiantes de derecho podrán laborar cuatro horas al día en el Poder Judicial Federal (PJF), y serán remunerados con 2 mil pesos al mes, como parte de un programa aplicado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para fortalecer la carrera jurídica y la formación profesional de quienes aspiran a ser juzgadores.

Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo emitido por el CJF, que entra en vigor hoy, en el que constan las bases para que los estudiantes de derecho puedan tener acceso a dicho programa.

Con esta medida, los jueces y magistrados federales tendrán la opción de elegir, entre una lista de solicitantes, a dos estudiantes por cada tribunal colegiado y juzgado de distrito, y a un postulante por cada tribunal unitario de circuito. El plazo máximo de cada estudiante será de 12 meses improrrogables.

Los requisitos para participar en la lista de aspirantes pueden consultarse en la página electrónica del CJF. Lo anterior quedó plasmado en el acuerdo general 21/2012 del pleno del CJF.

Para este efecto, indica dicho acuerdo, el criterio que se adoptó para el apoyo económico toma como base el salario mínimo vigente del área geográfica A (62.33) para 2012, determinado por el consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, cantidad que se redondea a 2 mil pesos netos mensuales y que será pagada quincenalmente, con cargo a la partida correspondiente del presupuesto de egresos del CJF, según determinen las normas respectivas del propio consejo.

En el acuerdo se señala la prohibición de la figura de meritorio en los órganos jurisdiccionales y, en su lugar, instituye el Programa de Prácticas Judiciales para dignificar la labor de aquellos estudiantes de derecho que quieren incorporarse a la función judicial, y con ello evitar la vulneración de sus derechos laborales constitucionales.

Esta disposición –añade– legitima esa fuerza de trabajo no remunerado, pues al realizar actividades propias del servicio judicial sin recibir remuneración alguna, ni prestaciones que la ley concede, se vulneran los derechos laborales.