Tras el atentado contra el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Rafael Lomelí Martínez, el Ejército reforzó la seguridad en la zona, pues el fraccionamiento Campestre se localiza a espaldas de la casa de gobierno, donde habita el mandatario Egidio Torre Cantú, y no se descarta que el coche bomba haya sido parte de la disputa entre los cárteles del Golfo y Los Zetas por el control de la entidad.

En tanto, el gobierno federal condenó enérgicamente dicho atentado. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, señaló ayer en conferencia de prensa que el gobierno federal ya coadyuva con las autoridades tamaulipecas en las investigaciones del caso; afirmó que el primer objetivo es detener y castigar a los responsables.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) empezó una averiguación previa e investiga el caso en coordinación con autoridades locales para identificar a los responsables, que presuntamente forma rían parte de Los Zetas o del cártel del Golfo que operan en Tamaulipas y se están disputando las zonas y rutas de tráfico de drogas.

La madrugada de ayer, frente al número 399 de la calle Amapola del fraccionamiento Campestre de la zona residencial de esta capital, desde un taxi un grupo de hombres lanzó una granada contra la residencia de Lomelí Martínez, revelaron funcionarios de la PGR.

Según las fuentes consultadas, el primer ataque habría sido para llamar la atención del secretario tamaulipeco y su escolta, para que salieran de la residencia y provocarles daño con la explosión de un coche Ford Focus modelo 2001, supuestamente sin reporte de robo y que tenía varios días estacionado en el lugar.

Poiré sostuvo que el atentado es resultado de la lucha sangrienta e irracional entre grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas y delitos comunes, y que el gobierno del presidente Felipe Calderón reforzará en esa entidad las labores de inteligencia.

Aseguró que se mantendrá la lucha frontal contra el crimen organizado, y que desde agosto del año pasado se lleva a cabo la revisión constante de los métodos y acciones para dicha tarea.

El Ministerio Público Federal investigará lo correspondiente a violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.