Buenos Aires, 3 de julio. Dos conflictos mantienen en tensión a las provincias de Chubut y Santa Cruz, en el sur del país. En el primer caso por una orden judicial de desalojar al violento grupo sindical Los Dragones, escindido de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (UOCRA), que bloquea los accesos del yacimiento petrolífero Cero Dragón, y en el segundo por una inusual protesta policial donde los agentes de civil reclaman acuartelados en el interior de las comisarías con guardias mínimas, en reclamo de mejoras en condiciones de trabajo y salarios.

El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, considera que esta medida policial es un intento por desestabilizar la delicada situación política de la provincia, pero los policías hablan de una autoconvocatoria por un reclamo, y en las últimas horas se han plegado más agentes en toda la provincia, incluso en la capital provincial Río Gallegos y El Calafate, lugares donde se encuentra la casa familiar de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los policías reclaman un salario inicial de 9 mil pesos (unos 2 mil dólares); y la entrega de uniformes y municiones.

El jefe de policía provincial, Jorge Hassan, reconoció la protesta y sostuvo que hay que situarse en la crisis en la que está inmersa la provincia, y admitió que se “están trabajando cuestiones como la provisión del uniformes –que compran los policías– y se ha presentado una nueva carta orgánica para adecuar la anterior”.

Llamado a la conciliación

En tanto, en Chubut, el gobernador de la provincia, Martín Buzzi, pidió al Ministerio de Trabajo llamar con urgencia a una conciliación obligatoria al grupo sindical Los Dragones y a la empresa Pan American Energy.

Además, pidió que la medida sea acatada por las partes para demostrar que hay voluntad de salir de la grave situación en la que han puesto a toda la comunidad.

Este mismo grupo protagonizó en las últimas semanas acciones de extrema violencia con destrozos en instalaciones en el lugar, quema de automóviles y otros hechos condenados por diversos sectores, que ven en estos actos algo más que un reclamo de aumento de salarios.

Buzzi trata de impedir que haya violencia después de la orden judicial para desalojar cuatro vías de acceso a la refinería v bloqueada por Los Dragones, al enviar 150 policías con orden de hacer uso de la fuerza pública en la medida de lo necesario y aplicando técnicas de disuasión que eviten el uso de la violencia.

El gobernador dijo no tener dudas de que la mayoría de los trabajadores quiere volver a su lugar de trabajo y a la normalidad y rechaza toda extorsión; advirtió: mantendremos toda la firmeza sin caer en la provocación a la que nos quieren llevar los violentos, señala esta noche Página 12.

Desde el primer momento el gobernador intenta dialogar, y pone de condición ineludible que Los Dragones levanten los piquetes. Ahora, ambas partes tienen una oportunidad para demostrar su disposición para poner fin al conflicto.

También trabajadores petroleros han pedido la protección policial para ingresar a sus trabajos, pues no quieren enfrentamientos con Los Dragones, el extraño grupo que surgió a luz pública con los ataques a las empresas petroleras y al crear serios problemas.

Buzzi dijo también que volver a la paz y dialogar es el compromiso mínimo que deberían tener todos los sectores interesados en propiciar una salida pacífica de este conflicto que intentó instalar el caos en Chubut.

En muchos lugares se habla de las acciones de Los Dragones como una política de amedrentamiento, incluso contra los trabajadores petroleros.

En tanto, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, trabajadores del Sindicato del Petróleo y Gas privado de Chubut, lidereados por el secretario general del gremio, Mario Mansilla, resolvió movilizarse hacia los yacimientos, y exigió a la policía garantizar nuestra llegada a los puestos de trabajo.

Esta noche se esperaba alguna señal, pero la tensión sigue estando en ambas provincias.

Por otra parte la Corte Suprema de Justicia revocó las medidas cautelares solicitadas por la multinacional Barrick Gold, entre otras empresas, las cuales habían sido convalidadas por la Justicia de San Juan, las que suspendían la aplicación de la ley que protege y preserva las reservas de agua dulce, aprobada por el Congreso en 2010.

Además, la Corte advirtió al tribunal provincial debido a que en su resolución no citó cuáles fueron los efectos irreparables que invocaron las empresas para detener la Ley de Glaciares. En estos momentos, ya vigente la ley, se avanzará en el inventario de los glaciares existentes.