Para la Procuraduría General de la República (PGR) no tendrán impacto en la elección casos como el de Monex, en el cual se investiga un financiamiento superior a 70 millones de pesos o el uso del Programa Oportunidades para impulsar campañas de candidatos de PRI y PAN a la Presidencia de la República, afirmaron funcionarios de alto nivel de la institución.  

La incidencia de casos denunciados no impactará en los resultados finales, y las investigaciones que ha iniciado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) continuarán su curso y podrían tomar varias semanas o meses llegar a la conclusión de estos asuntos, pues el agente del Ministerio Público Federal investiga a personas que cometen actos presuntamente ilícitos y no partidos políticos o instituciones, indicaron las fuentes.

Oficialmente, la Fepade difundió que entre las denuncias más recientes se encuentran las realizadas por probables actos de compra y coacción del voto, presentadas en diferentes partes del país.

En esas denuncias, consideradas relevantes, se incluye la investigación por financiamiento a través de tarjetas de Monex que superan los 70 millones de pesos y la utilización de recursos públicos del programa Oportunidades.

Po otra parte, en este año la Fepade ha consignado 589 averiguaciones previas y ha obtenido 612 órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas por la comisión de algún delito electoral, y ya han sido condenadas 120, principalmente por violar la ley del Registro Nacional de Electores.

De acuerdo con información de la Fepade, entre los delitos que más se cometen en el ámbito electoral se encuentra la obtención ilícita de credenciales para votar y utilizarlas para cometer fraudes comerciales o bancarios; en segundo lugar se encuentra la obtención u ofrecimiento de dádivas a cambio del voto ciudadano, mientras que el tercer sitio lo ocupa el condicionamiento de un servicio público a cambio de sufragar por un candidato o partido político.

Otros delitos denunciados están relacionados con actos de alteración de listados nominales o del Padrón del Registro Federal de Electores y la expedición ilícita de credenciales para votar.

La fiscalía ha recibido denuncias por recoger  credenciales para votar y solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales, que pueden ser sancionados con  seis meses a tres años de prisión y multa de 10 a cien días de SMV.

Entre las denuncias e investigaciones se encuentran casos en los que se condicionó la prestación de algún servicio público y el cumplimiento de programas sociales a cambio del voto en favor de un partido político o candidato

Otro de los delitos que se cometen durante las jornadas electorales es el desvío de recursos públicos para apoyar a un candidato o partido político.