El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que de enero de 2010 a diciembre de 2011 documentó 47 casos de tortura en Chiapas, de los cuales ocho corresponden a mujeres y 39 a varones.

Este martes, en sus oficinas del municipio de San Cristóbal de Las Casas, presentó el informe De la crueldad al cinismo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Afirmó que los responsables (de los casos de tortura) son elementos del Ejército Mexicano, policías municipales y estatales, agentes del Ministerio Público del fuero común, particulares y agentes de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, los más recurrentes.

Señaló que la mayor parte de los casos se produjeron en acciones vinculadas con la procuración de justicia, la implementación de una política de seguridad pública en el contexto de la guerra contra el crimen organizado declarada por el presidente Felipe Calderón, y por las acciones del Programa Ciudad Segura promovidas e implementadas por el gobierno de Chiapas.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, sostuvo que al momento de la tortura, en la mayoría de casos las víctimas se encontraban privadas de su libertad bajo la figura de arraigo, y aunque esta figura jurídica se eliminó para delitos del fuero común en Chiapas, en junio de 2011, continúa en el ámbito federal.

En el informe, presentado por Stella Maris Figueroa, de Amnistía Internacional sección Chiapas; Adriana Luna Castellanos, médica y sexóloga, y Víctor López Rodríguez, director del Frayba, el organismo manifestó que las personas sobrevivientes de tortura que están dispuestas a denunciar los actos cometidos contra su integridad se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuados.

Durante la reunión, Aurora Rosette Hernández denunció que su hermano Miguel Ángel, quien era chofer de la familia Orantes Constanzo, a la cual pertenece la candidata de la izquierda al gobierno de Chiapas, María Elena Orantes López, fue torturado en abril de 2011 para que se declarara culpable del robo de una caja fuerte. Este es uno de los 47 casos del informe.

Exhortan a juzgadores a detectar prácticas indebidas

Al conmemorar el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, el magistrado Luis Fernando Angulo Jacobo, secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial federal (PJF), aseguró que los juzgadores mexicanos deben estar atentos y sensibles para detectar casos de tortura en los procesos jurisdiccionales.

Añadió que la décima época del PJF es una oportunidad histórica para delinear el nuevo perfil del juzgador moderno, respetuoso de los derechos humanos y de las garantías individuales.

En el acto organizado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al que asistieron magistrados de circuito y jueces de distrito, Angulo Jacobo dijo que es deber de los juzgadores buscar y detectar las prácticas indebidas, alcanzar la justicia dentro del contexto de actuación y los límites de la ley y nunca tolerar la impunidad ni la injusticia.

En su discurso, el magistrado Angulo Jacobo transmitió un mensaje del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF, Juan N. Silva Meza, quien, dijo, se congratula de que funcionarios de primer nivel participen en estos actos que permiten reflexionar sobre temas sensibles.

En ese sentido, el secretario general de la presidencia del CJF sostuvo que esta conmemoración lleva a la reflexión y el compromisos no sólo jurídicos, sino morales, pues debemos ser conscientes de nuestro actuar como juzgadores, debemos ver una historia en cada expediente, de apegarnos a derecho.

Destacó que la tortura es una de las más deleznables prácticas que el ser humano comete contra sus semejantes, y tras aludir a los diversos instrumentos internacionales contra la tortura, el magistrado Angulo Jacobo exhortó a los juzgadores a aplicarlos en la nueva etapa del sistema jurídico mexicano, bajo el llamado control convencional.