En la recta final de la campaña, cuando PAN y PRD presentaron sendas quejas por presuntos operativos de compra y coacción del voto, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, matiza los alcances de esta práctica y augura que su impacto será marginal: No veo que la Presidencia de la República, la mayoría del Congreso o la jefatura de Gobierno se decidan por una operación como ésa.

Solamente concede esa posibilidad en alguna alcaldía pequeña, práctica que en su caso todos deberíamos condenar.

No se manifiesta en torno a las quejas panistas y perredistas por restricciones legales que se lo impiden, pero considera que si comercian el voto o no, estas cosas tan folclóricas que si se pasan los votos de mano en mano tienen mucho de contexto cultural, mítico, porque lo cierto es que el ciudadano cuando llega a la casilla lo hace solo, nadie lo vigila y se expresa en libertad.

Añade que nunca ha sido testigo de una experiencia de esa naturaleza –ni en sus tiempos de militante del Partido Mexicano de los Trabajadores– y, entrevistado por La Jornada, lanza lo que define como reto intelectual. En un proceso con 79 millones de electores, aventuremos una participación de 55 millones; el uno por ciento son 550 mil. Supongamos que para ganar la elección se requieran 25 millones de votos. Imaginemos que a cada votante quienes hacen estas operaciones le entregan mil pesos. ¿Cuánto vale cada punto porcentual? Pues 55 millones. ¡Imaginen que se requieren 30 o 35 puntos! Es mucho dinero.

Y añade: Si se acepta ese reto intelectual (hay quienes no, porque creen ciegamente como si fueran creencias religiosas), reflexionen cuánto costaría ganar una elección de 30 puntos. Y si ya estamos en una cosa corrupta, pensemos que los corredores del dinero se quedan con la mitad. Hablamos de cifras que da la sospecha de que puedan circular el domingo sin que se note.

–Las denuncias que se han presentado hablan de operaciones por 56 millones de dólares.

–Habrá que investigar –corta.

–¿La operación tamal y otras prácticas son mitos?

–Para una elección federal del tamaño de ésta, si se producen tendrán efectos marginales.

–¿No es una modalidad de fraude alterar el sentido del voto con dinero?

–Es un intento de influir sobre la decisión del ciudadano.

Valdés asume que en las redes sociales proliferan denuncias sobre la compra y coacción del voto, por lo que convoca a denunciar ese hecho ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y si bien reconoce insuficiencias en la legislación, la reivindica como suficiente para sancionar el delito electoral de compra y coacción del voto.

Sin embargo, mas allá de los temas coyunturales, nadie puede decir hoy que es inequitativa la presencia de los candidatos en medios de comunicación.

–Prevalece como deficiencia el modelo de fiscalización porque el rebase de topes de campaña no incide en el resultado.

–Pero también es una fortaleza basado en un modelo de financiamiento público que tiene virtudes. Sé que hay quien considera que es demasiado, pero se creó con la idea de evitar la injerencia del dinero privado y sus intereses tras las campañas. Hay otros modelos basados en el financiamiento privado. ¿Queremos eso para México? No es un buen modelo en un país donde hay narcotráfico.

Subraya que el modelo de financiamiento-fiscalización hace sujetos de derechos y obligaciones a los partidos, no a los candidatos, esquema que  se hizo más minucioso desde los casos Amigos de Fox y Pemexgate, para evitar recursos ilícitos en la campaña. El esquema se sustenta en auditorías, las cuales no se pueden realizar antes de la entrega de los informes de gastos.

–¿Con este esquema no hay manera de que el rebase de topes de campaña tenga implicaciones en el resultado?

–Si hay rebase no es al candidato, sino al partido al que se sanciona. (El partido) es el que recibe el financiamiento y el sujeto obligado en la fiscalización.

–Pero el candidato y el partido son los beneficiarios…

–Podría ser. Hay otros modelos donde los candidatos captan el financiamiento privado, pero en México no.

–¿Eso inhibe el rebase de topes de campaña?

–Sí, con sanciones severas al partido que lo haga para que no queden incentivos de volverlo a hacer y, si hay reincidencia, incluso llegar a cancelar el registro.

–¿El partido responsable del Pemexgate es ahora el más denunciado por el rebase de topes.

–Vamos a estudiarlo, aunque en ese entonces la sanción no fue por rebase de topes, sino por el origen ilícito de los recursos.

A pesar de los sucesos de 2006, Valdés percibe que el IFE tiene el voto de confianza de la sociedad: Lo siento en las encuestas y a nivel personal. Millones de votos de confianza que se traducen en que hay un millón de ciudadanos dispuestos a ser funcionarios de casilla y otros dos millones de representantes de los partidos que defenderán los intereses de sus institutos.

–¿No se ve en los zapatos de Luis Carlos Ugalde?

El silencio es la respuesta.