La Paz, 26 de junio. El presidente Evo Morales manifesó este martes que Bolivia no pasará de una dictadura militar a una policial, y aseguró que el gobierno posee grabaciones que prueban que se prepara un golpe de Estado. Policías rasos negocian con el gobierno un acuerdo para que cese el motín, que se ha extendido por todo el país.

Morales aseveró: Tenemos grabaciones, mensajes de que están preparando el golpe de Estado, pero se dijo confiado en que el pueblo defenderá la democracia de la nación.

Poco antes, una masiva concentración popular comenzó una vigilia permanente en la ciudad de La Paz, en defensa del proceso de cambio y la democracia en Bolivia, acto al que asistió Evo Morales.

Las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, juntas vecinales y otras organizaciones sociales se declararon en vigilia permanente en la capitalina plaza Villarroel.

Las agrupaciones sociales constituyeron el Comité de Defensa de la Democracia y el Proceso de Cambio en el país, señaló el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Roberto Coraite, a Prensa Latina.

El dirigente campesino agregó que están dispuestos a defender ese proceso y la democracia a cualquier precio, ante los recientes acontecimientos en el país, donde, comentó, grupos conspiradores buscan desestabilizar al gobierno de Evo Morales y promover un golpe de Estado, escudados en una protesta de policías por mejora salarial.

Por lo pronto, cientos de uniformados volvieron a manifestarse en las afueras del palacio de gobierno, en la plaza de armas.

Que no llamen a ese acto (público de apoyo porque) lamentablemente va a haber enfrentamientos y va a empeorar la situación, advirtió Guadalupe Cárdenas, líder de las esposas de los policías amotinados.

A la plaza de armas, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, generalmente vedada a los manifestantes, llegaron por la mañana grupos de maestros de la educación pública (dirigidos por trotskistas) para solidarizarse con los uniformados.

Una delegación policial reanudó este martes las negociaciones con tres ministros de Estado sobre las condiciones para levantar el motín, que en seis días se extendió a los nueve departamentos bolivianos.

La base del diálogo gira en torno al pedido de un salario básico de 2 mil bolivianos (unos 287 dólares), abrogación de un régimen disciplinario de la policía, jubilación con 100 por ciento del último salario, creación de una defensoría policial y garantías de que los agentes sublevados no padecerán represalias.

Pese a las negociaciones en curso, los policías seguían en poder de 25 a 30 cuarteles y comandancias regionales.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró a la radiodifusora estatal Patria Nueva: No es un movimiento cualquiera. Tiene el poder de las armas, de los gases lacrimógenos y todas las herramientas, que ahora ha volcado contra el Estado plurinacional.

En el mismo sentido, los gobernadores de ocho departamentos, excepto Santa Cruz, rechazaron este martes, convocados por el gobierno, los aprestos conspirativos denunciados por Morales.

Repudiamos y condenamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y sediciosos que están generando hechos de violencia, cuyos actos están orientados a desestabilizar el proceso democrático promoviendo un golpe de Estado, manifestó el gobernador de La Paz, César Cocarico.