Las casas encuestadoras en México enfrentan crecientes dificultades para aplicar sus sondeos, con tasas de rechazo hasta de 70 por ciento. Unos temen contestar por la inseguridad, otros por el hartazgo con la política y algunos más no confían en sus números. Sin cuantificar este factor, consejeros electorales, investigadores e incluso las propias empresas –éstas en menor medida– admiten que existe el problema y eso enrarece el clima electoral.

¿Qué origina esta falta de confianza en las encuestadoras? El consejero electoral Lorenzo Córdova explica que desde hace dos años los resultados dados por las empresas no coinciden entre sí, como ocurre con los rangos de 20 puntos o más de diferencia que establecen en la elección presidencial. Además, han anticipado números que acaban siendo completamente distintos, y pone el ejemplo de las elecciones para gobernador en Puebla, Oaxaca o Sinaloa, que parecían muy competidas y al final se resolvieron con márgenes de votación muy amplios.

La raíz de lo que algunos definen como encuestocracia, explica Etelberto Cruz, doctor en ciencias económicas y estudioso del tema en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se encuentra en que los candidatos y empresas de comunicación dan uso político a los ejercicios de demoscopia, aprovechando que no hay transparencia sobre quién paga y los intereses que están detrás de estos sondeos.

Por eso considera que las diferencias que apuntan algunas empresas de más de 20 puntos en favor de Enrique Peña Nieto parecieron insertarse en una estrategia deliberada para propagar la cultura de la anomia. La define como una cultura de la depresión, que busca provocar la inacción, la parálisis de la gente, que ve casi imposible cerrar la brecha entre el priísta y sus contendientes y prefiere no ir a votar o sumarse al puntero, si de todos modos éste va a ganar.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI), Gabriela de la Riva, asegura que las 36 casas afiliadas a esa organización –entre las que se encuentran Mitofsky (que eludió dar entrevista para este texto), Berumen e Ibope, entre otras– siguen criterios metodológicos de los países más avanzados y no están dispuestos a arriesgar su credibilidad.

Sin embargo, ella no mete las manos al fuego por las encuestas publicadas en medios de comunicación. No las conozco, dice. Cita los resultados de la publicada en un diario, que merece verse con lupa, porque está fuera de rango.

Desde 1996, el Instituto Federal Electoral (IFE) fijó criterios metodológicos para las empresas encuestadoras, pero no puede sancionarlas. De hecho, muchas no presentan sus datos completos y la sanción se queda en el ámbito social.

Ante las suspicacias, el Instituto Federal Electoral (IFE) convocó hace más de una semana a los encuestadores a un foro donde, según De la Riva, les planteó: Hablan mal de ustedes, ¿qué dicen?, y ahí Roy Campos, la misma presidenta de la AMAI y otros explicaron por qué la disparidad entre unos resultados y otros.

La directora del despacho De la Riva Group reconoce que todavía hay formas de hacer trampitas, aun con metodologías impecables.

Por ejemplo, menciona algunas empresas que mañosamente reducen las letritas de su ventana metodológica. Puede hacer trampita el que quiera y puede. Las trampitas las hacen los medios de comunicación cuando publican encuestas como si fueran nacionales o cuando se presenta el cruce entre candidatos a conveniencia de algunos.

Encuestitis

Córdova está convencido de que, hasta las elecciones de 2009, la coincidencia entre los resultados electorales y las encuestas le dieron una importante legitimidad social y una profusión de su uso político. De hecho, en 2012 se dio un auge. De enero a mayo, el IFE recibió 134 encuestas, más del doble de las 57 registradas en el mismo periodo de 2006.

¿Se ha convertido en un negocio? También, responde Córdova en torno a estos ejercicios, cuyos costos están en la opacidad. Recientemente el Observatorio Universitario Electoral fue de los pocos en anunciar que gastó un millón 100 mil pesos en 3 mil 480 entrevistas efectivas (con una tasa de rechazo de 40 por ciento).

Explica las razones por las que cree que hay tasas altas de rechazo: El desencanto con la política y el debate que desde hace un par de años ha suscitado una falta de confianza hacia las encuestas, además de los indecisos, que prefieren no responder.

El origen de esta incertidumbre, explica, es la diferencia de resultados. El escenario más grave, comenta, fue el ocurrido en Michoacán, donde los tres candidatos (a la gubernatura) se declararon ganadores, porque no hubo un conteo rápido oficial. Por este motivo señala que el ambiente electoral se está enturbiando, y expone que si bien las encuestas han sido motivo de polémica, los conteos rápidos deberán elaborarse con mucha seriedad, porque serán esenciales para dar certeza a la población entre el cierre de las casillas y la difusión del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La presidenta de la AMAI defiende a las encuestadoras porque los candidatos van y vienen, nosotros no; de 8 a 12 por ciento de nuestro trabajo son estudios políticos y el resto es para productos de consumo o empresas de servicios.

Vendemos credibilidad, sentencia, aunque admite que entre las razones del rechazo a los cuestionarios puede estar la imagen de las encuestadoras, pero no es la más importante; hay hartazgo por tanta publicidad política.

Llamadas incómodas

Prevé que el rechazo a responder aumentará a medida que aparezcan las push pulls, llamadas telefónicas de propaganda política disfrazadas de encuestas y efectuadas por call centers y no por empresas profesionales.

No obstante el uso tendencioso que se puede hacer de los estudios de opinión pública, Agustín Porras, investigador de la UAM y autor del libro El papel de las encuestas en las elecciones de 2000, confía en que las empresas no van a perder. La mayoría de la población no está entrenada en la aritmética política, lamenta.

–¿Y por eso las empresas encuestadoras pueden hacer lo que quieran?

–Exacto, es un terreno fértil para falsear los datos –responde el investigador.

Apunta esa responsabilidad sobre todo a los formadores de opinión pública, quienes bombardean a la gente con interpretaciones de datos a conveniencia de determinados intereses.