l pensamiento de López Obrador en torno a las fuerzas armadas de la nación y de la lucha en contra del crimen organizado siempre ha sido meridianamente claro: la institucionalidad de la República no se puede concebir sin la existencia de las primeras y la lucha emprendida por Calderón en contra del segundo ha sido de verdad estúpida y criminal, porque sólo ha servido para manchar el prestigio del Ejército y desprestigiar a su personal y a sus altos mandos.

Los hechos están a la vista: el tráfico y el traslado de drogas no han cesado y ni siquiera han disminuido, pese a los muchos decomisos; las mafias y las bandas de narcotraficantes siguen en pie y están proliferando sin cesar, alimentadas por desesperados que ya no tienen otra salida que el delito; las muertes de inocentes siguen llenando de sangre los campos y las ciudades, y ahora ya se habla de más de 60 mil víctimas, la inmensa mayoría inocentes que ni la debían ni la tenían que pagar; el tráfico de armas a través de la frontera norte sigue alimentando continuamente la violencia en nuestro país sin que el gobierno gringo se dé por aludido.

Todos estos problemas, por supuesto, pueden y deben ser planteados y tratados cada uno en especial, lo que, en realidad, no han dejado de hacer los especialistas; pero lo que a López Obrador preocupa es el papel que se le ha asignado a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico en el que, de hecho, ha sustituido casi por completo a las corporaciones policiacas. Cuentan en ello, por supuesto, la proliferación de las violaciones a los derechos humanos, pero, más que nada, la corrupción y el desprestigio que ello acarrea al Ejército.

Eso ha dado lugar a numerosos ataques a la institución castrense que se producen desde distintos rumbos, pero sin excluir al Estado mismo, desde el cual, más o menos periódicamente, hay embestidas contra sus oficiales que muchas veces tienen claro fundamento pero que, otras veces, más parecen bolas de humo que nunca es posible saber con precisión a dónde van dirigidas. Hay varios altos antiguos mandos que están en la cárcel por delitos que se les han probado, como es el caso del general Gutiérrez Rebollo, pero en ocasiones son simples maniobras que no es posible saber si son meros actos de presión, sin que pueda entenderse tampoco qué fines buscan.

Recientemente, los generales en retiro Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, y el brigadier Roberto Dawe González, junto con el teniente coronel Silvio Isidoro de Jesús Hernández Soto fueron arraigados por 40 días –término que la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) tiene proyectado ampliar hasta el límite constitucional– debido a denuncias en el sentido de que estaban ligados al narcotráfico, en especial con el cártel de los Beltrán Leyva, lo que levantó un escándalo que ha puesto a temblar a los mandos militares.

El general Luis Garfias, celoso guardián de la imagen de las fuerzas armadas, no pudo ocultar su indignación cuando supo del hecho: “… es muy penoso para el Ejército… ¡cómo no va a ser penoso que detengan a un general que fue el número dos en el sexenio! Esto lastima la dignidad del Ejército, es obvio”. Luego señaló que el general Ángeles fue protegido del general Enrique Cervantes, secretario de la Defensa con Zedillo. Garfias, dando por ciertas las acusaciones de la Siedo, comentó que siendo el implicado subsecretario de la Defensa, pudo haber tenido contacto con comandantes de diferentes zonas, deduciendo de ello que surgieron complicidades incriminatorias (La Jornada, 17.05.2012).

López Obrador reaccionó con tranquilidad ante la noticia y señaló que los hechos debían ser investigados a fondo. Ello no obstante, reiteró una vez más: En definitiva, debemos cuidar al Ejército Mexicano. Nadie puede ocultar que es el involucramiento ciego e irracional de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico lo que las pone en entredicho ante la opinión pública y lo que también las expone al peligro. “Siempre he sostenido –declaró el tabasqueño– que no se debe exponer al Ejército Mexicano, de ahí nuestro propósito de crear una policía nacional moralizada, porque el Ejército debe retirarse paso a paso de las calles. No se debe socavar a las fuerzas armadas” (La Jornada, 18.05.2012).

El desconcierto que estos hechos produjeron en el seno de las fuerzas armadas no se pudo ocultar del todo como ocurrió en el pasado. Los militares, se piensa por lo común, fueron a donde los mandaron y se han hecho responsables de sus acciones. Muchos han pagado al ser enjuiciados por sus excesos. La idea que corre es que los funcionarios civiles encargados del gobierno no han sido igualmente responsabilizados y muchos de ellos se encuentran bajo sospecha de estar involucrados en actos delictuosos y, sin embargo, no se ejerce acción legal alguna en contra de ellos. Como que la cosa no ha sido pareja.

De esa convicción, por ejemplo, parece ser el general brigadier en retiro Pedro Sánchez Hernández, el cual en un texto publicado en el Centro de Análisis y Opinión, expresa que Calderón “… se sirvió de las fuerzas armadas” para apoyarse en su lucha contra un enemigo muy poderoso, y anota: “Ambos… han sufrido los embates de la reacción de [sic] sus hechos. De hacerlo así, ambos recibirán el reconocimiento de la historia; pero la historia puede cambiar, la historia puede condenarlos en vez de reconocerlos”. Para él, la detención de los mencionados oficiales fue una acción orquestada que fue utilizada exitosamente para que esta batalla aparentemente haya sido ganada por la delincuencia (La Jornada, 29.05.2012).

Como señala el mismo oficial, la oportunidad de la acción no podía ser más significativa no sólo por los que en ella fueron involucrados, sino y lo más importante, por tratarse de la época en que se produce: “El Ejército –afirma– fue víctima al recibir un golpe certero en el lugar oportuno, o sea, en reconocidos generales; otro golpe certero en el momento oportuno, o sea en tiempos electorales y en las proximidades del final de la administración del presidente Calderón”.

Se ha insistido, por lo demás, en la versión de que no hace mucho el general Ángeles Dauahare participó en un acto de Enrique Peña Nieto en Colima, en el cual se permitió criticar la política seguida por el gobierno. Aunque ha sido desmentida reiteradamente, para muchos no puede ser gratuita.

Lo que queda en el fondo de todo es el hecho de que el Ejército ha sido poco eficaz en el combate al crimen organizado y, lo peor de todo, se ha ido corrompiendo paulatinamente y su prestigio anda por los suelos. Lo más razonable, como señala López Obrador, es irlo retirando gradualmente de las calles y de las zonas rurales y crear el instrumento que de verdad falta en el propósito, vale decir, una auténtica policía nacional especializada en ese objetivo y no volver a enlodar imprudente y criminalmente a nuestras fuerzas armadas. Eso, desde luego, aparte la necesidad de combatir directamente las raíces sociales de la delincuencia.