a Cámara de Diputados de Paraguay aprobó ayer, casi por unanimidad y en una sesión de apenas cinco horas, el inicio de un juicio político contra el presidente de ese país, Fernando Lugo, por presunto mal desempeño de sus funciones. El mandatario afirmó en un mensaje televisivo que no va a presentar renuncia al cargo, dijo que se someterá con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias, y denunció que la voluntad popular está siendo objeto de un ataque inmisericorde por sectores que siempre se opusieron al cambio para que el pueblo sea protagonista de su democracia.

La crisis política que enfrenta el gobierno de Asunción tiene como punto de quiebre los violentos sucesos ocurridos el pasado viernes en la localidad de Curuguaty, donde murieron 17 personas –11 campesinos y seis policías– tras el intento de invasión a una hacienda. Hasta ayer, el episodio se había saldado con la dimisión de cinco ministros del gobierno y del jefe de la Policía Nacional y con la entrega del Ministerio del Interior al derechista Partido Colorado, que antes de la llegada de Lugo al poder, en 2008, había gobernado Paraguay durante seis décadas, incluida la cruenta dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Con todo lo condenable que pueda resultar el hecho de violencia referido, resulta por principio improcedente la pretensión de atribuir responsabilidad directa por el mismo al mandatario paraguayo, sin aguardar a los resultados de las pesquisas judiciales correspondientes; adicionalmente, la celeridad con que los legisladores de la oposición resolvieron la solicitud de juicio político contra Lugo hace suponer que se trata de una maniobra amañada de origen y que, más que a un afán de justicia, obedece a la intención de derrocar a una autoridad nacional democráticamente electa, a pocos meses de la realización de elecciones generales en Paraguay, y de subvertir la institucionalidad democrática en aquel país, en forma similar a como se ha intentado en otras naciones de la región, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, y como logró hacerlo la oligarquía hondureña, aliada a sectores políticos y empresariales de Washington, en junio de 2009.

El episodio es ilustrativo de las dificultades que enfrentan los gobiernos progresistas en América Latina para hacer frente a los remanentes de poderes oligárquicos que se niegan a perder sus privilegios históricos y cuyas caras visibles son, en el caso de Paraguay, los propios legisladores del Partido Colorado, que mantienen control en ambas cámaras tras la reciente adhesión del Partido Liberal Radical Auténtico –aliado del gobierno hasta la semana pasada– a los intentos por destituir a Fernando Lugo. En los pasados tres años la confrontación entre el gobierno popular de Paraguay y la oposición derechista ha implicado no sólo recurrentes amagos de juicio político contra el primero, sino también el bloqueo sistemático a las políticas de transformación social, política y económica propuestas por el mandatario para superar los inveterados rezagos que padece Paraguay, y que lo mantienen como el segundo país más pobre del cono sur.

En tal circunstancia, y ante el previsible resultado de la votación que se desarrollará hoy en el Senado de ese país, el respaldo a las autoridades de Asunción y a las muestras de apoyo social que éstas han recibido en horas recientes constituye un deber de todos los gobiernos y las sociedades latinoamericanas, tanto por congruencia y solidaridad democrática como con el propósito de preservar la institucionalidad democrática y las soberanías nacionales de la región.