Moscú, 21 de junio. Dos cortes –una de Moscú y la otra de Kazán, la capital de la república de Tatarstán– ofrecieron una nueva muestra de la aplicación selectiva de la justicia que se practica en Rusia, donde prevalecen las decisiones dictadas por motivaciones políticas o intereses corporativos.

La corte del distrito Tagansky de Moscú satisfizo la petición del fiscal de prolongar un mes más la prisión preventiva de tres muchachas que tuvieron la poco afortunada ocurrencia de bailar una misa punk en el altar de la Catedral de Cristo Redentor, el 21 de febrero anterior.

La juez denegó la libertad bajo fianza y desechó los argumentos de los abogados de que ellas ya nada pueden cambiar, toda vez que la integración del caso concluyó el pasado 4 de junio; de que los hijos pequeños de dos de las detenidas no han visto a sus madres desde marzo ni tampoco tomó en cuenta el aval de personalidades que trataron de interceder.

Las jóvenes –Nadezhda Tolokonnikova, Ekaterina Samutsevich y María Aliojina no consideran necesario pedir perdón a nadie y menos a la Iglesia, aparte de que se tendrá que probar que fueron ellas quienes, enmascaradas, trastornaron ese día la paz del templo–, presuntas integrantes del grupo Pussy Riot, de tendencia punk, denuncian que la procuraduría rusa las presiona para reconocerse culpables.

De no hacerlo, las amenazan con condenarlas a varios años de cárcel, si es que no al máximo de siete años que permite la ley. Más que el improvisado concierto punk que escandalizó a los feligreses presentes en la catedral, parece que no se les perdona haber lanzado a gritos, mientras realizaban movimientos gimnásticos a modo de baile, una petición a la Virgen para que impidiera que Vladimir Putin retornara al Kremlin.

La justicia en Rusia tiene también otro extremo, cuando el acusado comete algún exceso pero es leal al sistema. Por eso, una corte de Kazán aceptó cambiar hoy la prisión preventiva por arresto domiciliario a Ilguiz Ajmetasianov, antiguo jefe de la delegación de policía Dalnaya, de la capital de Tatarstán.

El juez tomó en cuenta que Ajmetasianov tiene hijos pequeños y, aunque no se ha cerrado el caso, está convencido de que no puede influir en los testigos ni cambiar las pruebas que lo incriminan.

La procuraduría rusa desmanteló esa delegación policial y detuvo a su jefe y nueve subordinados, tras investigar ocho casos de denuncias de torturas para arrancar confesiones de delitos supuestamente cometidos.