Río de Janeiro, 21 de junio. Hubo muchas masacres campesinas en nuestra historia y estamos viviendo la crónica de una tragedia anunciada, dijo el doctor en ciencias de la educación y activista humanitario, Martín Almada.

La muerte de al menos 17 personas en presuntos enfrentamientos entre campesinos y policías en Curuguaty, a 240 kilómetros de Asunción, el pasado fin de semana, debe ser investigada para terminar con las manipulaciones que intentan acusar a las víctimas de lo sucedido el pasado viernes, dijo el reconocido activista y defensor de derechos humanos paraguayo.

Horas antes de que se diera a conocer la decisión de realizar juicio político por estos hechos al presidente paraguayo, Fernando Lugo, Almada habló con este diario sobre la situación.

Pedimos un nunca más, porque desde hace años y después de la dictadura seguimos registrando asesinatos de campesinos y pobres y se quiere nuevamente crear la idea de que ellos son los atacantes armados o alguna confusa versión sobre supuestos guerrilleros, todo lo cual oculta la verdad sobre esta situación, denunció Almada.

Almada, quien descubrió los llamados Archivos del Terror -documentos sobre detenciones, torturas e intercambios de prisioneros de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), advierte además que la cifra de muertos podría ser mayor, ya que al menos un herido grave y un muerto fueron encontrados en zonas cercanas a la operación de desalojo en la zona rural.

Se cometió un crimen masivo de campesinos indefensos que estaban reclamando sus derechos de acceso a la tierra fiscal, ocupada por Blas Riquelme, nuevo rico de la época de la dictadura. Se cometió una grave violación a los derechos humanos para complacer a los latifundistas y a los dueños de los agronegocios.

Lo sucedido es grave porque muestra cómo en Paraguay se le da más valor a la tierra que a la vida humana, así como la perversión de aquellos que se enriquecieron durante la dictadura de Stroessner cuando éste repartía tierras para lograr mantenerse en el poder, y se regalaron millones de hectáreas a los defensores de la dictadura. Los cómplices de la dictadura se convirtieron en grandes latifundistas.

En Paraguay, el 80 por ciento de las tierras cultivables está en manos del dos por ciento de la población, mientras miles y miles de campesinos son despojados de sus terrenos. Hubo muchas masacres campesinas en nuestra historia y estábamos viendo que ésta era la crónica de una tragedia anunciada, dijo el doctor en ciencias de la educación y activista humanitario.

¿Cuál es el papel del presidente Fernando Lugo en este contexto? Para Almada, Lugo está en el gobierno pero quienes manejan el poder son los nostálgicos de la dictadura, ya que casi todos los legisladores responden a las ordenes de productores soyeros y ganaderos: Contamos con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, todas incumplidas, por la falta de coraje del presidente, que cuenta todavía con el apoyo del pueblo y del ejército.

Sobre la presencia de asesores colombianos y de otras nacionalidades que podrían haber actuado tras bambalinas, dice que hasta ahora no consta que haya habido asesores colombianos en el desalojo (de los campesinos), pero no se descarta que los policías que intervinieron hayan hecho cursos de prevención con especialistas colombianos, en el marco de los acuerdos firmados con Colombia cuando allí gobernaba el derechista Álvaro Uribe. También, tropas estadunidenses gozaron de inmunidad diplomática en 2005, pero nunca se precisó si esas tropas se retiraron o no.

Por otro lado, además de defender los intereses de ganaderos y soyeros, Almada piensa que los nostálgicos de la dictadura quieren embarrar la cancha en vistas a las elecciones generales de 2013 y presionar a Lugo, quien ha estado con la constante amenaza de juicio político y pedidos de destitución.

Es en este delicado contexto que Lugo puso al frente del ministerio del Interior a Rubén Candia Amarilla, una persona que creció bajo el manto de la dictadura militar, que en democracia fue Fiscal General del Estado que no permitió una política estatal en materia de derechos humanos, y cuya destitución piden organizaciones campesinas. Una de las primeras medidas de Candia Amarilla fue pedir que se dejara de utilizar el protocolo que privilegiaba la negociación y desalojos pacíficos.

Candia Amarilla sostiene que los policías que efectuaban el desalojo de la finca de Riquelme -ex senador del Partido Colorado que sostuvo a Stroessner- no estaban armados, y sostiene que no se descarta la presencia de guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo.

Los campesinos cuentan otra historia: la toma era pacífica y tras una confusa acción de fuerzas de elite se desató una brutal represión. Algunos cadáveres fueron encontrados fuera del lugar de los hechos. “¿Cómo llegaron allí?, se pregunta Almada.

El secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, habla de personas extrañas a los campesinos en los hechos de Curuguaty, que es lo que también sostienen los campesinos, que además denunciar torturas a los doce detenidos tras los presuntos enfrentamientos.

Analistas paraguayos destacan la dificultad de que aparezca una guerrilla en zonas donde se mueven tropas extranjeros, grupos de choque de hacendados, y asesores colombianos que llegaron al país gracias a los acuerdos entre Lugo y Uribe.

En Paraguay, donde más del 80 por ciento vive en la pobreza, los señores del campo, como califica Almada a los aliados de Stroessner que recibieron prebendas y manejan a jueces, policías y congresistas, así como la ocupación de tierras por grandes empresas soyeras brasileñas obliga a los campesinos a dejar sus tierras y ha aumentado la tensión social en un país donde más del 80 por ciento de sus habitantes está en la pobreza.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), emitió un comunicado en que lamenta los hechos y exige que los organismos pertinentes arbitren todos los medios para la búsqueda y salvamento de todas las personas que pudieran estar heridas o necesitadas de atención en el lugar donde se desarrollaron los hechos; y que se asegure un tratamiento acorde con las garantías constitucionales y los derechos humanos a las personas pertenecientes al asentamiento que aún se encuentren en la zona, para que puedan salir del lugar y obtener ayuda si la necesitan.