n las semanas recientes el PRI se ha aplicado en denunciar los presuntos preparativos para un conflicto poselectoral que estaría realizando el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.

El confuso episodio de la cena en Lomas de Chapultepec, en que un asesor uruguayo de la campaña andresina solicitó seis millones de dólares (como una estimación personal, puntualizaría luego Luis Costa Bonino), tuvo como incentivada consecuencia mediática la siembra pautada de especulaciones respecto a un eventual destino de esos fondos para la supuesta rijosidad programada para después del 1º de julio próximo.

Ahora que el propio AMLO se ha puesto a recuperar de diarios y redes sociales la información relacionada con la asamblea en Toluca del cártel de los gobernadores, que se reunió para hacer compromisos electorales, y del modelo Veracruz para el fraude gubernamental en los próximos comicios, los máximos jefes de la estructura formal del priísmo, Pedro Joaquín Coldwell y Miguel Ángel Osorio Chong, han recurrido de nuevo al expediente de ese conflicto anunciado, utilizándolo como parapeto distractor para no ir al fondo del asunto: la creciente evidencia de que, en realidad, lo que parece estar en preparación es un magno fraude comicial que, de darse, tendrá como consecuencia natural la protesta ciudadana.

Joaquín Coldwell fue uno de los principales participantes en una peculiar reunión a la que asistieron 16 de los gobernadores estatales pertenecientes al PRI. El orador central fue EPN y según las versiones recogidas por periodistas locales el tema importante fueron las elecciones y la manera en que esos mandatarios habrán de apoyar al candidato presidencial. El uso de recursos públicos para ese acto partidista fue evidente, pues el encuentro se realizó en la Casa Estado de México, que es la residencia oficial del gobernador de la entidad anfitriona. El corresponsal de La Jornada, Israel Dávila, señaló que en hermetismo los gobernadores habrían estado “durante tres horas con el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y con el dirigente nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell” (bit.ly/LVXK67).

El tema, publicado el 13 del presente mes, fue denunciado ayer por López Obrador, quien añadió que en el cónclave de Toluca habían sido fijadas cuotas electorales a los gobernadores presentes por Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo, secretario de organización del comité nacional priísta y operador tan de confianza de Peña Nieto que se le menciona como firme aspirante a ser secretario de Gobernación si Peña Nieto llega a Los Pinos.

Como era obligado, Osorio Chong negó haber impuesto obligaciones electorales a los mandatarios estatales, pero aceptó que en instalaciones del gobierno mexiquense se realizó una sesión partidista. Eso sí, le adjudicó intenciones casi poéticas, bucólicas: fue para ver el panorama político. Dieciséis gobernadores, con el candidato presidencial y los líderes nacionales priístas, dedicados a observar desde ventanales toluqueños el transcurrir electoral. Eso sí, ayer, el ex gobernador de Hidalgo adjudicó la denuncia lopezobradorista a la desesperación derivada de la desventaja que le adjudican las encuestas de opinión y a que va preparando la cantaleta del fraude electoral, ahora incluso adjudicándola a teléfonos celulares que serían utilizados en las urnas para comprobar a compradores de votos que el sufragio fue emitido conforme al mercadeo convenido. Joaquín Coldwell, por su parte, dijo que AMLO piensa reventar el proceso electoral, como lo hizo en 2006.

Al tema de los gobernadores obligados a entregar cuotas de votos para EPN, López Obrador añadió el hallazgo de un documento que muestra operación electoral priísta en un distrito de Veracruz. Todos con Coatepec y la región, se llama la asociación civil que tiene como coordinadores a Adelina Ronzón Costeño, Raúl Martínez Martínez y Raúl García Ronzón. Su propósito explícito es conseguir 6 mil 600 votos para Enrique Peña Nieto mediante un programa de tres semanas que contaría con 600 promotores, a cada uno de los cuales se le pagarían 600 pesos, en dos entregas, para que llevaran diez votantes más, entre amigos y familiares.

En total, se piden 440 mil pesos (con lo cual cada uno de los 6 mil 600 votos acabaría costando, sólo en efectivo, unos 67 pesos), que incluyen 50 desayunos de movilización de promovidos el día de la jornada, estímulos para dos brigadas de jóvenes y un capturista, además de gasolina y saldo para celulares. Además se piden 6 mil 600 unidades de propaganda pro EPN, como lapiceras, sombrillas, destapadores, relojes, termos, trípticos y estímulos en especie para promotores, como despensas, láminas, cemento, relojes.

El programa de promoción priísta del voto denunciado por López Obrador es poca cosa; sin embargo, comparado con el plan Sumemos 10 que en esta columna fue denunciado días atrás y que en bit.ly/O0yxHq puede verse en detalle. En ese mismo distrito modélico, Coatepec, subsecretarios y directores de la Secretaría de Educación de Veracruz actúan como promotores del voto tricolor, mediante un esquema que analiza la situación electoral de cada municipio, secciones y colonias del distrito, con abundancia de datos y metas electorales a alcanzar en cada lugar. Esa misma secretaría de Educación del gobierno de Javier Duarte fue acusada de alojar en una de sus bodegas una montaña de material utilitario y propagandístico a favor de diversos candidatos priístas, proveniente no sólo del propio PRI sino también de una fundación de asistencialismo proselitista que juega con el apellido del mandatario y se denomina Ayudarte (antes, AyuDuarte).

Conforme se acerca la hora de las urnas asoman más evidencias de que discursos, debates y campañas tienen frente a sí la implacable realidad de un intento de fraude electoral que pretende realizarse extracasillas, mediante la operación Ruleta y otras formas de compra del voto, aunque el IFE y sus voceros oficiales y extraoficiales se nieguen a aceptar una realidad creciente e inocultable. ¡Hasta mañana!

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