Los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) frenaron ayer la solicitud a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que investigue y sancione las conductas ilícitas en que habría incurrido Rubén Escamilla, jefe delegacional de Tláhuac con licencia y candidato de ese partido a la Asamblea Legislativa, luego de que fue exhibido en un video en el que habría solicitado favores sexuales a una trabajadora de esa demarcación a cambio de otorgarle una plaza laboral definitiva.

El punto de acuerdo fue presentado en la sesión de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa por el priísta Cristian Vargas, quien luego de argumentar la necesaria intervención de la PGJDF en ese caso, pidió el respaldo de los legisladores a su petición, con el argumento de que por congruencia y dignidad hacia las mujeres de esta ciudad, no podemos dejar que esas mamadas queden impunes. Incluso, llevó hasta la tribuna su iPad y mostró el video que se subió a YouTube.

Sin embargo, al momento de someter el punto a consideración del pleno, las cosas cambiaron. En favor se manifestaron Carlo Fabián Pizano, Fernando Rodríguez Doval y Jorge Palacios, de la bancada del PAN, y el mismo Vargas; en contra lo hicieron los perredistas Fernando Cuéllar, Maximiliano Reyes, Guillermo Sánchez y Lizbeth Rosas. Al empatarse la votación, se repitió, pero volvió a terminar igual, por lo que se determinó que ese punto se pasara a la siguiente sesión de la Permanente, el miércoles próximo.

En la sesión estuvieron también los petistas Juan Pablo Pérez y Ana Estela Aguirre y Juárez, quienes se abstuvieron de votar el punto, a pesar de que esta última había solicitado razonar su voto, lo que ya no se concretó al posponerse el asunto.

Al argumentar su punto de acuerdo, Cristian Vargas citó el artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal, según el cual quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento sicoemocional, que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión, y se incrementará en una tercera parte cuando exista subordinación entre la persona agresora y la víctima.

Conducta inmoral

Criticó que el PRD no haya retirado la candidatura a Escamilla, a pesar de que, siendo funcionario público, se aprovechó de su encargo para abusar y humillar a otra persona. Por ello, propuso que la ALDF solicite a la PGJDF iniciar una investigación contra el delegado con licencia y deslindar responsabilidades, lo que no prosperó.

Sobre el tema, la secretaria de la Mujer del PVEM-DF, Claudia Beltrán, consideró que el PRD avala conductas inmorales y de abusos en contra del género femenino. Añadió que Escamilla no merece ocupar ningún cargo público o de elección popular.