Las leyes de extinción de dominio –federal y de la ciudad de México– fueron redactadas para alcances legales cortos, ya que sólo cinco causales de delito permiten al Ministerio Público iniciar un litigio en tribunales mexicanos para quitar a los criminales la posesión de predios e inmuebles utilizados por la delincuencia para realizar actos delictivos, indicaron abogados penalistas y fiscales especializados en la materia.

Las causales para empezar un juicio de extinción de dominio en México se reducen a cinco delitos graves, mientras en Colombia la lista es de 20. De ahí la razón por la que aquí está fracasando esta medida legal que se pensó para quitar poder económico al crimen organizado, sostuvo el penalista Martín Hurtado Millán.

En tanto, un fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), quien pidió no mencionar su nombre, aseguró que la carga de la prueba en delitos graves ligados a la delincuencia organizada le corresponde al Ministerio Público Federal, y cuando se trata de juicios por extinción de dominio, los jueces están anteponiendo la tutela del derecho económico de propiedad por encima de la contribución al combate al crimen, por lo que el resultado está siendo más desfavorable para la autoridad.

Hurtado Millán refirió que otro problema es que los gobiernos estatales no se han involucrado en el combate al crimen organizado, mediante la aprobación de leyes de extinción de dominio que les permitan apropiarse de los bienes del narcotráfico.

Más de la mitad de los estados –señaló– no han adecuado su marco jurídico a la reforma a la Ley General de Salud y la nueva Ley contra el Narcomenudeo, que en 2009 les otorgó jurisdicción para combatir la venta de droga, y el plazo para hacerlo está a punto de vencer.

Precisó que sólo seis entidades han reformado sus leyes y códigos con ese propósito, 10 están en proceso de hacerlo y las 16 restantes tienen retraso en el tema.

Finalmente, indicó que Chi- huahua, Nuevo León, Oaxaca, Morelos, Zacatecas y Baja California son las entidades en que se han aprobado las modificaciones en sus legislativos o que están a punto de aprobarse.