La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) admitió a trámite una petición del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, quien solicita comprobar la veracidad de las imputaciones que testigos protegidos hicieron en su contra.

El militar se encuentra arraigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y solicitó a los fiscales anticrimen realizar diversas indagatorias de campo para comprobar la veracidad de las declaraciones.

Sin embargo, con el argumento de sobrecarga de trabajo, los agentes del Ministerio Público Federal responsables de esta investigación dispusieron que el desahogo de las probanzas promovidas por los abogados de Ángeles se realicen a mediados de agosto, pese a que el periodo de arraigo de 40 días concluye el próximo sábado, informaron fuentes cercanas a los defensores del general.

Hasta el momento no está claro si las autoridades ministeriales pedirán la ampliación del arraigo del general Ángeles por otro periodo de 40 días, pues la Constitución y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada autorizan al agente del Ministerio Público a solicitar a un juez el arraigo de un imputado hasta por 80 días naturales.

La semana pasada, la juez federal de amparo Josefina Mora Dorantes otorgó al divisionario una suspensión cuyo efecto es que la Siedo se pronuncie respecto a las solicitudes por escrito de Ángeles, quien ha pedido comprobar la veracidad de las imputaciones.

Se concede la suspensión provisional para el efecto de que el agente del Ministerio Público Federal acuerde los escritos del quejoso, en el sentido que estime conveniente y lo haga de su conocimiento (...) a efecto de que el peticionario pueda ejercer su derecho humano a la defensa en esa fase de averiguación previa y con ello evitar que se sigan vulnerando en su perjuicio los preceptos constitucionales, resolvió la juzgadora.

Ángeles pidió a la Procuradora General de la República (PGR) requerir a la administración de Perisur los videos de seguridad de junio de 2008, cuando los colaboradores Jennifer y Sergio Villarreal, El Grande, dicen que fueron por el general a dicho centro comercial, para luego llevarlo a una reunión con capos en el Pedregal.

También requirió a la Siedo que solicite la información de sus entradas y salidas del país al Instituto Nacional de Migración y de su patrimonio financiero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los abogados de Ángeles pretenden demostrar que no tiene el dinero que los testigos protegidos dicen que le pagaban como soborno y que en junio de 2008 él estaba en Alemania.