ño tras año, hacia finales de noviembre de cada uno, se escucha presumir al inquilino de Los Pinos en turno que México gozará de un presupuesto histórico en el siguiente ejercicio fiscal, para inmediatamente detallar que será superior al ejercido en el periodo previo, y rematar que ese dinero contribuirá decididamente al crecimiento económico y al desarrollo del país. Por ejemplo, a lo largo del calderonato los seis presupuestos autorizados por la Cámara de Diputados acumularon, oficialmente, cerca de 18.2 billones de pesos, un monto, cierto es, nunca antes reportado, pero al final de cuentas sin mayores resultados, porque el crecimiento brilló por su ausencia y el desarrollo se mantuvo prófugo de la justicia social.

Sin duda, el primer presupuesto del siguiente inquilino de Los Pinos superará al último del calderonato, y el susodicho tomará el micrófono para presumir que México “gozará…” (etcétera, etcétera). En los hechos, sin embargo, de no mucho ha servido que año tras año la cantidad sea mayor, porque importante no sólo es el monto, sino cómo se gasta, a qué se destinan los recursos públicos, y en este contexto la propia estimación de la Cámara de Diputados indica que el margen de maniobra es extremadamente reducido, pues de cada peso presupuestal, sólo pueden reasignarse entre 8 y 10 centavos. Lo demás está más que comprometido (nómina burocrática, servicio de la deuda pública interna y externa y demás gastos fijos), de tal suerte que lo histórico no pasa de ser una muestra del humor negro de la clase política.

Con Calderón en la residencia oficial, el presupuesto de egresos de la Federación reportó un incremento real cercano a 35 por ciento entre 2007 y 2012: de 2.26 billones de pesos pasó a 3.7 billones, respectivamente. En el sexenio acumuló 18.2 billones (de los que una tercera parte se destinó al pago de la nómina burocrática), y entre los grandes logros de su administración destaca la tasa anual promedio de crecimiento económico: 1.8 por ciento, la más raquítica desde tiempos de Miguel de la Madrid. Súmese la creciente desocupación, informalidad, pobreza y demás gracias, todas ellas con presupuestos históricos.

Quien se saque la rifa del tigre salvaje el próximo 1º de julio obligadamente deberá replantear la política de gasto público, porque podrá seguir el juego de inflar e inflar anualmente el monto presupuestal y mantener aceitado el discurso de lo histórico, pero en los hechos nada cambiará y la realidad mexicana será cada día más cruda. Dieciocho billones y pico de pesos en un sexenio (monto equivalente al valor total del producto interno bruto), y el país se mantiene estancado y los mexicanos en el hoyo. ¿De qué sirvió tanto presupuesto histórico? (más allá de incrementar sostenidamente las fortunas de los de siempre y sufragar los gastos de la monarquía sexenal).

Dieciocho billones y pico de pesos, y nada. Como apunta el analista José Luis Apodaca Villarreal, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, se estima que el próximo gobierno federal manejará un presupuesto cercano a 3.7 billones de pesos anuales; es decir, alrededor de 22 billones de pesos en el sexenio. ¿Qué hará con ellos? Como ejemplo, en el periodo 1940-1980, nuestro México independiente en lo económico (aunque gobernado con autoritarismo) logró un crecimiento promedio anual de 6 porciento, y multiplicó el PIB por un factor de 10. De 1982 a 2012 habrán transcurrido cinco sexenios neoliberales (una poliarquía consolidada), que lograron un crecimiento promedio de 2 por ciento anual, y solamente multiplicaron la economía por un factor de dos.

Entre los resultados obtenidos en el segundo de los periodos citados, apunta Apodaca, destaca que la mitad de la población nacional reporta algún grado de pobreza (57 millones de personas, hasta 2010; una cuarta parte viven en pobreza extrema), y alrededor de 10 millones de trabajadores mexicanos obligadamente emigraron a Estados Unidos. Paradójicamente, en los últimos 12 años, los paisanos expulsados por razones económicas contribuyeron con cerca de 230 mil millones de dólares en remesas para aliviar la pobreza extrema de los mexicanos.

Dinero no ha faltado (en los dos gobiernos panistas se registró un ingreso histórico, ese sí, por excedentes petroleros, por ejemplo), pero el gasto ha sido verdaderamente irracional. Un ejemplo de ello lo aporta el propio José Luis Apodaca, por medio de la siguiente numeralia: el gobierno federal tiene una deuda de CFE y Pemex por 150 miles de millones de dólares, contratada a 25 años en su mayor parte bajo el esquema Pidiregas, con tasas anuales de descuento de 12.5 por ciento. Renegociar este débito, obteniendo créditos a una tasa de 5 por ciento anual, implicaría un ahorro anual de 120 mil millones de pesos.

A Pemex le roban anualmente gasolinas por 35 mil millones de pesos, y a la CFE otros 25 mil millones en electricidad. Un proyecto para combatir la impunidad en estos rubros, implicaría ahorrar 60 mil millones anuales. Cada año Pemex otorga contratos a empresas privadas, mayormente extranjeras, por 270 mil de millones de pesos. Se estima conservadoramente en 20 por ciento el impacto del cohecho sobre el costo de las obras: Eliminar de raíz esta práctica delictiva implicaría un ahorro anual de 54 mil millones (en la perforación de cada pozo de gas natural en la cuenca de Burgos, las trasnacionales cobran a Pemex el doble de lo que se paga en Texas). Construir dos refinerías de alta tecnología para evitar la importación de gasolinas, significaría un ahorro anual de 30 mil millones, después de cubrir los costos, y la generación de miles de empleos.

Por el lado de la nómina, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral y el IFE, se ahorrarían 20 mil millones anuales, si se ajusta su presupuesto a la mitad. Actualmente, cada diputado federal le cuesta al erario alrededor de 10 millones de pesos, y 30 millones cada senador. Y así por el estilo, sin considerar las prebendas y trácalas de la clase política y empresarial. ¿Qué dónde quedaron los 18 billones de pesos del presupuesto?

Las rebanadas del pastel

El candidato copetón dice que prometió atención y justicia a los padres de los 49 niños fallecidos y los 75 heridos en la guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009. Bien, podría comenzar con el prianista que duerme como bebé, Eduardo Bours, seguir con Juan Molinar Horcasitas y los responsables de la familia de Margarita Zavala, y avanzar con Guillermo Padrés, el negligente gobernador de Sonora, sucesor del pollero. Sólo así será creíble su compromiso.

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