a sorpresiva aparición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, su solicitud formal de asilo político al gobierno del país andino y el ofrecimiento de Quito de evaluar tal petición con base en el respeto a las normas y principios del derecho internacional, así como la tradicional política de Ecuador de precautelar los derechos humanos, disipan el temor de que el periodista australiano fuese entregado en los próximos días a Suecia –donde enfrenta cargos por presunto acoso sexual y violación–, lo cual parecía un hecho consumado tras la negativa del Tribunal Supremo de Gran Bretaña a la solicitud de reabrir el caso correspondiente, la semana pasada.

Con independencia de la respuesta que otorgue el gobierno de Rafael Correa a Assange, la existencia de un refugiado político en la Europa contemporánea, el encarnizamiento judicial emprendido en su contra por las autoridades de dos países del viejo continente –Inglaterra y Suecia– y el silencio guardado ante esta situación por el conjunto de las potencias occidentales dan cuenta de la hipocresía y la miseria moral y política de gobiernos que se reivindican, con frecuencia, como paladines de la libertad, la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos, pero que actúan como partidarios del autoritarismo, defensores de la opacidad y responsables del uso faccioso de la ley y de atropellos a las garantías individuales.

Cabe recordar que no existe, en rigor, una acusación penal contra Assange, sino una mera demanda de presentación en el marco de una investigación que no puede ocultar su motivo verdadero: llevarlo a territorio sueco para posteriormente entregarlo al gobierno de Estados Unidos, cuyos portavoces no han ocultado el propósito de Washington de fincarle cargos por terrorismo. Es deplorable, pero indicativo del desorden mundial contemporáneo, que funcionarios judiciales de la misma Suecia hayan sido inducidos a inventar delitos sexuales en el contexto de lo que se ha evidenciado como una operación de venganza y de control de daños de Washington, y como un claro intento por reprimir el ejercicio de transparencia y libertad de expresión y de información que ha llevado a cabo el comunicador australiano y su organización.

Dicha persecución se inició con el telón de fondo del escándalo mundial por las pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras en Irak y Afganistán; por la difusión de los papeles del Departamento de Estado en el que se revelan toda suerte de prácticas inconfesables –conspiraciones, incitaciones a la corrupción, actos de espionaje, allanamiento de soberanías, hostilidad diplomática contra gobiernos críticos, encubrimiento de regímenes impresentables–, y en general por la manifiesta irritación que la labor de Wikileaks ha generado en Washington y en las máximas potencias mundiales. Es significativo al respecto que, mientras Assange solicitaba ayer asilo a la embajada ecuatoriana para evitar su extradición a territorio sueco, algunos representantes de esos poderes asistían, en la cumbre del G-20 que se desarrolla en Los Cabos, Baja California, a la confirmación de su incapacidad para generar perspectivas de solución a la devastación económica y social que enfrentan sus poblaciones en todo el mundo, particularmente en los países europeos.

Por lo demás, es previsible que la solicitud de asilo de Assange configurará un escenario de rispidez diplomática, en el mejor de los casos, entre los gobiernos de Londres y Estocolmo, por un lado, y Quito, por el otro. En lo inmediato, cabe esperar que este último logre sobreponerse a las presiones exteriores de que sin duda será objeto, que haga honor a su historial de dignidad, de soberanía, de respeto a los derechos humanos y de voluntad de corrección del orden mundial actual, y que otorgue una respuesta favorable a la solicitud del fundador de Wikileaks.

Para ello, Ecuador necesitará de la solidaridad de gobiernos honestos y de sociedades que, como la nuestra, se han visto favorecidas por la labor de Assange y su equipo; que han obtenido, por conducto de sus filtraciones, un elemento invaluable de control social y de escrutinio público frente a autoridades y poderes fácticos, y que se han visto fortalecidas en materia de transparencia, libertad de expresión y derecho a la información, elementos imprescindibles del desarrollo democrático y civilizatorio.