El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados señaló que mientras en otros países los bienes sujetos a extinción de dominio rebasan 28 mil en un año, en México sólo se han afectado ocho.

En un análisis, aseguró que los obstáculos y retos que enfrenta esta figura en su corta existencia (en el país) han motivado el desencanto de quienes la visualizaban como una de las armas legales que fracturarían la columna vertebral de la delincuencia organizada y de su imperio financiero.

El Cesop cuestionó que México sólo registre tres procesos en los cuales se ha aplicado la extinción de dominio, contra más de 2 mil 700 juicios extintivos que ocurrieron en países como Colombia y Guatemala en un año, pese a que la figura es parte de los mecanismos diseñados para debilitar el poderío económico del crimen organizado internacional y su cada vez más notoria presencia en la vida pública de las naciones.

Recordó que en Colombia se afectaron en 2011 bienes por un valor superior a 3 mil 400 millones de pesos mexicanos y se decomisaron, entre 2003 y 2009, cerca de 11 mil millones de dólares de activos criminales, mientras que en nuestro país el valor de los bienes sujetos a extinción de dominio es meramente simbólico. Además, aquella nación registra 25 delitos como causales para iniciar procesos de ese tipo, contra 40 en Guatemala y cinco en México.

También señaló que otros países fijaran como requisitos judiciales para lograr una efectiva lucha contra las finanzas del crimen organizado contar con un Ministerio Público autónomo del poder político, una ley funcional de extinción de dominio, una legislación para delincuentes arrepentidos y un catálogo de nuevos delitos contra los que procede la figura.

En cambio, en México, desde la promulgación de la Ley Federal de Extinción de Dominio en 2009, la PGR sólo ha iniciado 10 procedimientos en la materia, de los cuales ha logrado ganar uno, y en 2012 no se ha iniciado alguno de estos procedimientos, subrayó el Cesop.