ongregadas en Los Cabos, Baja California Sur, las cabezas visibles del Grupo de los 20 (G-20) meditarán, según dicen, sobre cómo resolver la crisis internacional sin atacar las causas de la misma; armarán un plan para salir del hoyo, pero sin tocar los intereses de los responsables del zarandeo, socios y cómplices de esos mismos personajes. La factura, desde luego, será para los más, que son los que menos tienen. Nada más arribó a dicho puerto, Barack Obama se mostró preocupado por el estado que guarda la economía del mundo, de tal suerte que llegó el momento de estabilizar al sistema financiero mundial y evitar las prácticas proteccionistas, es decir, lo mismo que dijo el día de su victoria electoral, casi cuatro años atrás, y repitió en su toma de posesión.

México preside el G-20 y es país anfitrión de esta cumbre, en la que se hablará de la crisis, el desempleo, el hambre, la falta de bienestar y el desplome del ingreso. Y para ello, el austero gobierno calderonista destinó un gasto multimillonario –a costillas de los mexicanos, desde luego– para que los mandatarios, cómodamente y con todos los lujos que amerita –según dicen– su investidura hablen sobre las crecientes carencias de la humanidad (esto trae a la memoria aquella atinadísima designación de Eduardo Pesqueira –un voluminoso funcionario salinista– como representante permanente de México ante la FAO, quien con sus cerca de 200 kilogramos de peso y en nombre de su país, todos los días hablaba del hambre en el planeta).

Que el mundo está preocupado por la economía, por la falta de crecimiento y bienestar, declara Obama, y a coro repiten los demás, pero el inquilino de Los Pinos se adelanta y advierte que en la cumbre de Los Cabos no se adoptarán soluciones de temas coyunturales, (porque) sería pretencioso. Eso sí, dijo, se definirá una agenda de largo plazo para alcanzar un desarrollo común. Entonces, para qué tanto boato y tanto gasto si nada decidirán y tal agenda pueden consensuarla desde sus respectivas oficinas. Y si el objetivo de la reunión es el turismo político, pues que cada quien pague lo suyo.

Mientras los mandatarios muestran su profunda preocupación por el deplorable estado de la economía mundial –del que obviamente son corresponsables– y Calderón advierte que en Los Cabos no se adoptarán soluciones, en México la situación social adquiere color de hormiga. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados advierte que los indicadores de bienestar de los mexicanos se mantienen en franco descenso, algo, dicho sea de paso, diametralmente opuesto a lo que machaconamente repite la propaganda oficial.

Destaca que en la más reciente publicación del índice de tendencia laboral de la pobreza (ITLP), realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), queda claro que el poder adquisitivo del salario de los mexicanos va de mal en peor. Esto lo establece a través de la estimación de dicho índice, que muestra la tendencia del porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Así, en el primer trimestre de 2012, tal indicador se ubicó en 1.2 unidades, lo que implica que en los últimos tres meses hubo una disminución de apenas 0.2 por ciento en la cantidad de personas que no pudieron comprar una canasta alimentaria. Sin embargo, apunta, si se realiza la comparación respecto del mismo trimestre del año anterior, resulta que la proporción de personas que no pudieron comprar la canasta mínima de alimentos creció 2.8 por ciento. Es decir, su ingreso laboral no alcanzó para cubrir el costo de la canasta alimentaria mínima necesaria.

Dicho deterioro social ha sido provocado por el insuficiente crecimiento de los ingresos laborales. De acuerdo con el Coneval, los ingresos corrientes durante el primer trimestre fueron de mil 470 pesos mensuales, mientras que en el primer trimestre de 2011 fueron de mil 419 pesos; es decir, un incremento de 3.9 por ciento acumulado en los últimos doce meses. Al mismo tiempo, el costo de la canasta básica mínima creció 6.7 por ciento en las zonas rurales y 5.7 por ciento en las urbanas. Lo anterior implica que en el último año, el incremento salarial no alcanzó a compensar el alza en el precio de la canasta básica de alimentos. Los más perjudicados por la pérdida de poder adquisitivo son sin duda los más pobres, que tienen la necesidad de destinar una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.

Al analizar la información a nivel territorial, los estados que presentan mayor deterioro son: Baja California (16.6 por ciento), Sinaloa (10.6), Tabasco (9.7), Nuevo León (9.1) y Sonora (8.7). Los datos anteriores parecen indicar que los estados del norte, también afectados por la sequía y la inseguridad, han tenido el mayor deterioro. No obstante, ninguna entidad de la República ha logrado disminuir la proporción de personas que no pueden adquirir una canasta básica con su ingreso laboral, comparando con el primer trimestre de 2008, esto es, antes de la crisis. Los resultados publicados por Coneval arrojan un escenario de continuo deterioro social, provocado por un crecimiento en los ingresos incapaz de contrarrestar el aumento en los precios de los alimentos. Dicho fenómeno no es transitorio, pues desde el comienzo de la publicación del ITLP éste ha mostrado una tendencia al alza. Es decir, desde 2005 ha aumentado el porcentaje de personas que, aun haciendo uso de todo su ingreso laboral en la compra de alimentos, no pueden adquirir la canasta alimentaria mínima necesaria.

Lo anterior se refuerza, apunta el CEFP, con la reciente divulgación de los indicadores económicos nacionales, los cuales muestran que la evolución de la economía mexicana aún muestra signos de debilidad: la inversión disminuyó su dinámica de crecimiento; el avance de la confianza del consumidor no fue tan significativo; la inflación general anual, junto con la de la canasta básica y la de los alimentos, repuntó en mayo; el poder adquisitivo del salario de los mexicanos sigue descendiendo; y, si bien destaca la mayor generación de empleos formales, ésta no es suficiente para cubrir la demanda de nuevos empleos.

Pero en Los Cabos dicen que no hay prisa, que la cosa es calmada y que están muy preocupados por la economía.

Las rebanadas del pastel

De enero a abril de 2012, el gasto en nómina burocrática sumó 290 mil 768 millones de pesos; seis años atrás, por el mismo concepto se desembolsaron 191 mil millones; la austeridad es notoria: 52 por ciento de incremento, con una tasa anual promedio de crecimiento económico de 1.8 por ciento.

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