Al campo le urge una nueva política pública que haga a un lado los programas asistencialistas y enfoque los recursos a otorgar financiamientos accesibles a los campesinos, invierta en investigación y permita la autogobernanza territorial, pues es la única forma para que el país recupere la soberanía alimentaria, expuso Hermilio Navarro Garza, del Colegio de Posgraduados.

El país está sumergido en una crisis política, financiera y de valores; pertenecer a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no han sido benéficos para la mayoría de la población y menos para la agricultura, pues no hay reciprocidad en el trato, y en cambio se han incrementado las importaciones de granos, oleaginosas y de alimentos en general.

Hay que proteger la biodiversidad y detener la despatrimonialización de los recursos genéticos, pues corremos el riesgo de depender más de la tecnología, de las compras de semillas, fertilizantes y agroquímicos. No hay que olvidar que importamos 85 por ciento de los fertilizantes y las siete firmas trasnacionales que los venden también son las que ofrecen las semillas y presionan para la siembra de transgénicos, comentó en entrevista.

Especialista en agronomía razonada y sistemas territoriales, Navarro Garza comentó que en tres décadas desaparecieron instituciones, disminuyeron las inversiones para el campo, los créditos y subsidios no se comparan con los que reciben agricultores de Estados Unidos y Europa, y se ha descalificado el esfuerzo de los pequeños productores. En la década reciente –con los gobiernos del PAN– se trató de desaparecer al Colegio de Posgraduados, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La propuesta política de dichos gobiernos ha sido suprimir e inhibir la investigación en el sector agropecuario; los institutos públicos se han sostenido por la terquedad de los investigadores y profesores que luchan por un sistema autogestionario y participativo de los derechos nacionales, que pugnan por una agricultura sustentable y una economía más justa socialmente.

Rafael Galindo Jaime, dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), dijo que urge un modelo económico más justo y equitativo para todos. Reuniones como la del G20, en Baja California Sur, no reportan beneficios, utilidad tangible a la población en lo comercial ni en lo económico, ni ayudan a combatir la pobreza; sólo fungen como control de las políticas públicas, son un filón para los grandes intereses extranjeros y corporativos.

Integrantes del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable expusieron que faltan políticas que impulsen el crecimiento de la productividad sustentable del sector agropecuario, así como mayores inversiones en los sistemas productivos de los pequeños productores. Expusieron que también urge reforzar los sistemas de supervisión y evaluación de subsidios a los insumos, para garantizar una mayor productividad y mayores retornos al mercado.

En materia de investigación, sostuvieron que los sistemas de innovación deben basarse en redes para integrar a los actores nacionales e internacionales. El gobierno debe revalorar la importancia de las instituciones de investigación, ciencia y tecnología, y garantizar la inversión necesaria para fortalecerlas, además de establecer mecanismos sencillos para transmitir el conocimiento a los productores.